Los enfrentamientos entre manifestantes contra la empresa Chemours y elementos de las corporaciones policiacas, paralizaron las actividades en un amplio sector del medio rural de Gómez Palacio, en tanto que empresas localizadas en el poblado Dinamita y alrededores reportaron pérdidas millonarias.
Representantes de las principales compañías ubicadas en esa zona demandaron a las autoridades garantizar la seguridad de sus trabajadores y resolver el conflicto social, por las graves afectaciones que resintieron tras la jornada violenta de ayer.
Y es que según resaltaron, el perjuicio no se redujo a la operación de fábricas cuya actividad es de trascendencia nacional y mundial, sino que traspasó a otros ámbitos, como las actividades propias de los pobladores y sobre todo, se puso en riesgo la seguridad de miles de personas.
Son cerca de mil fuentes de trabajo las que se concentran en grandes y medianas empresas, cuyos empleados del turno nocturno estuvieron retenidos desde las cinco de la mañana hasta dos de la tarde, mientras que quienes debían cubrir el turno matutino se vieron impedidos a ingresar.
Esto, debido a que los oponentes a la construcción e instalación de Chemours no sólo cerraron los accesos en las vías de comunicación, sino que también impidieron la entrada y salida de los trabajadores de las plantas que ahí operan.
Alberto Puentes, de la fabricante de explosivos Austin Bacis dijo que se les afectó operativa y logísticamente, ya que no pudieron surtir de materiales a las minas; otras como la Fundidora Especializada del Nazas SA (FENSA) no entregó pedidos, y al igual que Sefain Manufacturing, Reverté y Mármoles Regionales de Durango no laboraron.
Productores lecheros cuyos establos de localizan en ese sector también se vieron afectados porque no pudieron entregar el producto a las plantas pasteurizadoras, debido al bloqueo de los caminos que se prolongó por varias horas.
El representante de Austin Bacis dijo que esta compañía no ejercerá acción legal contra los manifestantes, pero demandó que los gobiernos actúen y brinden las garantías necesarias.
"Estamos conscientes de los derechos de las personas, siempre y cuando los defiendan de manera pacífica, legal y por las vías correctas", señaló.
Las escuelas de las comunidades suspendieron clases y una clínica rural tampoco dio servicio por temor a los enfrentamientos, en los que hubo disparos de armas de fuego.
Los habitantes de comunidades como Abisinia, Pueblo Nuevo, La Aurora y El Siete quedaron incomunicados.
FRACASÓ EL DIÁLOGO
El director de Atención Ciudadana en el municipio, Jaime López señaló que en principio se les invitó a retirarse por todos los daños que estaban ocasionando, pero no hubo respuesta y se tuvo que aplicar la ley.
"Habíamos sido tolerantes", dijo en referencia a la serie de manifestaciones que se han estado llevando a cabo contra la inversión estadounidense de Chemours por casi un año, pero en esta ocasión fracasó el diálogo y tuvo que actuarse porque estaba de por medio la tranquilidad de las personas.
Aclaró que la dependencia intervino como mediadora y que el operativo policial fue coordinado por la Policía Estatal, al cual se sumaron los antimotines de Gómez Palacio y Lerdo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Policía Investigadora de Delitos.
Sin acceso. Con piedras cerraron carreteras y brechas de acceso a las comunidades rurales. (EL SIGLO DE TORREÓN)
