La comparecencia del Secretario de Finanzas del gobierno de Miguel Riquelme ante la Comisión de Finanzas del Congreso de Coahuila, que tuvo lugar el lunes pasado, vuelve a poner en un primer nivel de atención, el tema de la deuda pública del Estado, heredada de las administraciones de los Moreira, y que hoy se ocupa de mantener oculta la actual administración, como quién quiere tapar el sol con un dedo.
Como corresponde al estilo de gobierno opaco que padecemos desde hace doce años y tres meses, la presentación acontece dentro de los límites más reducidos, pues por una parte, no ofrece una explicación de la deuda en su monto total que permia visualizar el problema desde una perspectiva global, sino que se centra en el último tramo de endeudamiento con el que Riquelme inició su gestión con un crédito de novecientos ochenta millones de pesos contratado en diciembre pasado, que no pasó por la autorización del Congreso, con la excusa de tratarse de un crédito a corto plazo.
El caso es que la suma referida se obtuvo mediante una contratación que por enésima vez viola la Constitución de la República, porque no corresponde la inversión en un proyecto autofinanciable, sino que se destina al gasto corriente. Por si fuera poco, el nuevo adeudo se viene a sumar al saldo de treinta y seis mil doscientos millones de pesos cortado al día de hoy, según números del propio Gobierno, después de pagar más de veinte mil millones de pesos de intereses del año dos mil once a la fecha, de los cuales dos mil setecientos millones de pesos corresponden al pago de intereses correspondientes al año pasado.
Dentro del panorama alarmante que lo anterior ofrece, el Secretario de Finanzas festina con optimismo que la deuda global será objeto de reestructuración el próximo mes de abril, y vaticina que el plazo para el pago no excederá de treinta años. Lo anterior resulta escalofriante si consideramos que ya llevamos más de seis años pagando intereses, lo que indica que el plazo inicial que el Gobierno de Moreira Rubén estimó en veinte años, ya rebasó la expectativa a treinta y seis años, más lo que se acumule.
El panorama obliga a construir con apoyo de la memoria histórica de los coahuilenses, una interpelación que exija a Riquelme el esclarecimiento de la deuda desde su inicio en cuanto a su justificación, así como la comprobación del destino de los recursos robados a los coahuilenses, pues no cabe duda que las previsiones hechas el año pasado, en el sentido de que el actual gobierno estatal sería una prolongación del saqueo y la tapadera de lo ocurrido en los dos sexenios anteriores, se está cumpliendo con toda puntualidad.
Tarde o temprano cuando Riquelme trate de instrumentar la reestructuración de la deuda en los términos anunciados, el Gobernador tendrá que dar la cara ante el Pleno del Congreso con el objeto de solicitar la correspondiente autorización. Cuando llegue ese momento, el Congreso o al menos los diputados que permanezcan fieles al mandato que los llevó a la curul, deberán estar preparados para condicionar la autorización de la restructuración a que el Gobierno transparente el manejo de los recursos obtenidos con la mega deuda y fincar responsabilidades, que incluya el encarcelamiento de los culpables.
Esta visión de futuro pone en un aprieto a la oposición en el Congreso, porque por una parte todo indica que el Estado está quebrado, y para funcionar de acuerdo a los parámetros actuales, tendrá que seguir disponiendo de crédito y en consecuencia, la alternativa en la que se encuentran arrinconados los diputados de oposición, consiste en apoyar el endeudamiento exponencial en el que estamos hundidos, o atorar el funcionamiento de las finanzas públicas locales, si se niegan a conceder su autorización para la reestructuración en los términos que satisfagan los caprichos del clan enquistado con uñas y dientes en el Gobierno de Coahuila.
El reto para la oposición en el Congreso y para la Sociedad Civil de Coahuila en su conjunto, consiste en proponer una alternativa que permita a la hacienda pública seguir funcionando a un costo menor, que incluya un plan soportado en un compromiso del Gobierno en los rubros de austeridad del gasto, de transparencia y de rendición de cuentas, sobre la base de resultados supervisados y medibles. El seguir en la actual vía del endeudamiento creciente que en términos aritméticos tiende al infinito, ya no es opción ni política ni económica.
