Tradición. En el estudio del IMCO se encontró que el 71 por ciento de los contratos firmados con los mil proveedores más importantes del Gobierno se otorgaron mediante adjudicación directa. (AGENCIA REFORMA)
Concentración de compras, opacidad y diversas anomalías encontró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) al someter a las dependencias federales a una exhaustiva revisión de sus adquisiciones, durante un periodo de 5 años y medio que va de 2012 a 2017.
A partir de la revisión de 700 mil procedimientos de contrataciones públicas federales que realizaron las 1,537 Unidades Compradoras del gobierno federal por un monto de 2.3 billones de pesos (aproximadamente 10% del gasto público de ese periodo), el Imco encontró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concentran el más alto gasto en compras y al mismo tiempo son las que presentan el riesgo más alto de corrupción.
Estas tres dependencias gastaron 972.5 mil millones de pesos en compras y al mismo concentran 179 de las 500 Unidades Compradoras identificadas por el Imco como las de más alto riesgo en sus procesos de adquisición, de acuerdo con su Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, que presentó ayer.
Este índice, elaborado a partir de 43 variables, identifica el nivel de riesgo en cada unidad con base en la evaluación de su nivel de competencia, transparencia y las anomalías en los procesos. Estas tres variables alertan de riesgos de corrupción, explicó Max Kaiser, director del Departamento Anticorrupción del Imco.
De este reporte sobre todo llama la atención el nivel de concentración de las compras públicas, pues 30 dependencias y entidades del gobierno federal concentraron 85.9% del total de los recursos de compra durante 2012 y 2017.
De estas, sólo la CFE, el ISSSTE y el IMSS concentraron 44% del total de las adquisiciones federales en el periodo y 30 proveedores (0.02% de un total de 129,411) se quedan con 30% del gasto en contrataciones públicas.
El porcentaje de empresas sube a 80% si se considera a los primeros 2,512 (1.9 por ciento del total), anota el reporte.
Los datos del IMCO muestran que 7 de cada 10 contratos se adjudican de marea directa a los principales proveedores del gobierno, es decir, no hubo un concurso de licitación.
Los contratos asignados por adjudicación directa significan 31% de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de enero de 2012 a julio de 2017. "Solamente el 22 por ciento de los contratos asignados a estas compañías fue licitado públicamente", apuntó.
Los proveedores con más contratos por adjudicación directa son Summa Conpany, Grupo Fármacos Especializados, Fármacos Maypo, Marcas Nestlé, Fábrica de Jabón La Corona, Alen del Norte, Infra y Laboratorios Pisa.
En el caso de IMSS y el ISSSTE, 21% las compras de gobierno las realizan a sólo dos proveedores.
Ambas instituciones ejercieron de 2012 a 2016 un gasto de 548 mil 683.2 millones de pesos y la mayoría de esos recursos se los llevaron Grupo Fármacos Especializados, que obtuvo 81,476 millones de pesos, y Farmacéuticos Maypo, que facturó 33,857 millones de pesos.
Este análisis apunta a la cultura de la prevención, pues su objetivo no es denunciar prácticas de corrupción, sino poner en evidencia espacios oscuros en los que se podría incurrir en alguna práctica ilícita.
"Uno de los propósitos de este índice es decirle a las unidades de fiscalización y vigilancia del gobierno: aquí es donde debes poner más atención", detalló Max Kaiser, director del Departamento Anticorrupción del Imco.
También llama la atención que las 100 empresas más ganadoras de 2012 pasaron de ostentar 43% del monto total adjudicado a tener el 20% en 2016, es decir, disminuyeron un 53%.
En tanto, las empresas que en 2012 sólo concentraban 12% en 2016 alcanzaron 51%, lo que significa que su participación tuvo un incremento de 218%, de acuerdo con el índice elaborado por el Imco.
"Es un dato alarmante: nos dice que el mercado de contrataciones públicas en el gobierno no se comporta de manera normal; no tendría que haber un cambio tan drástico si lo que estás contratando es lo mejor para el Estado", advirtió Max Kaiser.
Manuel Molano, director general del Imco, explicó que las relaciones personales sí importan. "Es muy curioso que este cambio coincida con los ciclos políticos, no tienen que ver con cambios en tecnología o cambios en el mercado, es simplemente la decisión que tomo alguien", destacó.
El estudio detalla que las 73 empresas con mayores montos adjudicados en 2016, que no figuraban en 2012, pasaron de tener menos de 2% del monto total adjudicado a tener más de 32%.
Así, mientras en 2012 se les adjudicaron menos de 6,000 millones de pesos, en 2016 consiguieron contratos que sumaron 127,000 millones.
"La primera conclusión que podemos sacar de estos cambios es que las relaciones y los criterios personales son los que ayudan a ser un 'mejor' competidor en el sistema de contrataciones públicas mexicanas", afirmó Kaizer.
El Imco advirtió también que CompraNet, el portal donde se hacen públicas las compras del gobierno, es incompleto e insuficiente porque no funciona como herramienta de control y vigilancia.
Al respecto, Kaiser indicó que "algunos campos de CompraNet no cuentan con todos los datos y las extracciones masivas son muy complejas".
Molano informó que es necesario crear una nueva ley de disquisiciones y una nueva ley de obra que se apeguen a los estándares internacionales, además de tener una nueva plataforma de contrataciones públicas.
Exigen a gobierno explicar asignaciones
Legisladores de Oposición advirtieron que la adjudicación directa del 70 por ciento de los contratos es muestra de la corrupción que fomenta el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Luego de que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) diera a conocer que, entre 2012 y 2017, siete de cada 10 contratos se asignaron sin licitar, senadores y diputados demandaron al Gobierno federal una explicación.
Luis Sánchez, coordinador del PRD en el Senado, indicó que Peña Nieto no solo incumplió su compromiso al inicio de su sexenio de impulsar el Sistema Anticorrupción, sino que ha protegido a funcionarios que son sus aliados, como el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza; Enrique Ochoa, ex director de la CFE y actual presidente del PRI; y Rosario Robles, titular de Sedatu.
"Cinco años y medio después vemos que solamente fue una declaración y que, al contrario, se fomenta la corrupción desde los más altos niveles del poder en México", asentó Sánchez.
"Estamos en el peor de los momentos en México en cuanto a la corrupción. Pasamos de la 'Presidencia imperial' que había antes a la 'Presidencia empresarial' que tenemos hoy. Desde la Presidencia de la República ven todo como un negocio para ellos, para los funcionarios".
El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, señaló que la manera de proceder del Gobierno federal, de adjudicar la mayoría de los contratos sin licitación, amerita una sanción para los responsables.
"Es necesario que Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade, su candidato, den una clara y puntual explicación de por qué el 70 por ciento de contratos se dio sin licitación. Esto es inaceptable. Es un precedente muy lamentable y los mexicanos merecemos una explicación", planteó.
"Esto es sintomático de un Gobierno corrupto hasta la médula, quizás el más corrupto de la historia reciente de México, que aprovecha cualquier resquicio para hacer negocios", dijo por su parte el diputado del PRD, Agustín Basave. (Reforma).
