La renuncia de Raúl Cervantes como titular de la Procuraduría General de la República, el 16 de octubre del año pasado, fue el banderazo de salida para que dicha institución detonara la implementación de su estrategia de intervención para incidir en el proceso electoral en apoyo al Partido Revolucionario Institucional.
El 20 de octubre, cuando todavía no se acomodaba en su oficina el encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, anunció la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por supuesta violaciones al Código de Ética de la dependencia. Santiago Nieto Castillo, el fiscal destituido, estaba integrando averiguaciones previas en relación a presuntos delitos cometidos en las elecciones de los estados de México y Coahuila, así como, contra Emilio Lozoya, por haber recibido recursos de Odebrecht cuando era integrante del equipo de campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto.
Su destitución tenía una doble intención: impedir que los escándalos de Odebrecht involucraran a Peña Nieto y desactivar las investigaciones que realizaba en relación a los procesos electorales de las entidades federativas ya señaladas.
Unos días después, el 24 de octubre, se dio a conocer la investigación que realizaba la dependencia sobre supuesta corrupción en los manejos que el gobierno federal y el estatal de Nuevo León le entregan a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) para su subsistencia. Ese día la dependencia federal anunció la detención de Héctor Quiroz, líder del partido en Aguascalientes, y se dio a conocer que en el desvío de recursos se encontraba involucrada, entre otros, Guadalupe Rodríguez, esposa del dirigente nacional Alberto Anaya. Después de varias semanas de escándalo mediático el tema prácticamente desapareció de los medios, sin que hasta el momento se sepa su estado, pero ciertamente sin que nadie esté detenido.
Tras la detención, el 20 de diciembre del año pasado, de Alejandro Gutiérrez por parte de la Fiscalía General de Chihuahua, como parte de una trama para desviar dinero del ramo 23 destinado a dicho estado, para financiar las campañas electorales en entidades donde el PRI no estaba en el gobierno, la PGR intervino en el asunto por dos vías: intentar atraer el caso, para arrebatárselo al gobierno estatal y para investigar las denuncias de tortura que interpuso el detenido.
Fue hasta después del escándalo mediático que se generó a raíz de la detención de Gutiérrez y el presunto involucramiento de Manlio Fabio Beltrones, entonces dirigente nacional del PRI, así como, las denuncias y protestas del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por el incumplimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la entrega de recursos ya comprometidos, que la PGR procedió a solicitar la extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, a pesar de que las órdenes de aprehensión por diversos delitos se habían remitido a la dependencia meses antes.
Tampoco puede obviarse que la PGR detuvo cualquier acción contra Emilio Lozoya y frenó toda investigación en el caso de Odebrecht, dónde ciertamente el principal involucrado ha logrado la protección de la justicia federal para evitar ser consignado, pero también lo es que debe haber más líneas de investigación y otros involucrados.
Finalmente, sin que el recuento pretenda ser exhaustivo, surge la investigación del caso en el que se encuentra involucrado el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, en el que sorprende la rapidez con la que la PGR reacciona y la inusual transparencia que llevó incluso a la difusión del video de la visita de Anaya a la dependencia.
En ninguno de los casos se pretende prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia de los inculpados, ni tampoco cuestionar las atribuciones de la PGR, sobre lo que se pretende llamar la atención es sobre las notables diferencias en la celeridad y la transparencia con la que la PGR actúa en los casos en los que está involucrado algún político de oposición y la displicencia y opacidad, cuando es uno del PRI.
En apenas 4 meses, que es el tiempo que lleva Elías Beltrán al frente de la PGR, éstos son algunos de los casos en los que es evidente que el criterio partidista está presente en la actuación de la dependencia.
La PGR es nuevamente utilizada para intentar influir en los procesos electorales; hoy es más claro porqué Peña Nieto, declaró inmediatamente después de la renuncia de Cervantes, que se podría esperar a que el nuevo Congreso, que asumirá funciones el 1 de septiembre, nombre al primer Fiscal General de la Nación, pues en realidad lo que él deseaba era tener un procurador que cumpliera todas sus instrucciones.
Aunque la PGR logré vincular a proceso a Anaya por los delitos en los que se le involucra, difícilmente lograrán bajarlo de la boleta electoral, pues tiene a su disposición muchos recursos legales para enfrentar el proceso en libertad y, de acuerdo a los precedentes del Tribunal Electoral, mientras eso suceda se mantienen vigentes los derechos político-electorales de cualquier ciudadano.
Así que la intención no es esa, sino frenar el crecimiento de sus preferencias electorales, para buscar que José Antonio Meade pueda posicionarse en el segundo lugar, pues tras las precampañas las encuestas de preferencia electoral muestran que la brecha entre el segundo y el tercer lugar se ensanchó. La estrategia del PRI es primero posicionarse en el segundo lugar y para ello utilizan como ariete a la PGR. Es nada más una cuestión de secuencia, pero las embestidas de la PGR continuarán en contra de los aliados en las dos coaliciones opositoras: Por México al Frente y Juntos Haremos Historia.
