Recientemente ocurrieron dos tragedias que nos alertan. La primera tuvo lugar en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida en Estados Unidos. Un estudiante atacó a sus compañeros con un fusil de asalto semiautomático al final de la jornada escolar. El saldo, por desgracia, fue de 17 jóvenes muertos y alrededor de una docena más de heridos.
El crimen provocó repudio y rechazo a la violencia en el vecino país. Sin embargo, como quizá no se había visto en décadas, los protagonistas de las movilizaciones a favor del control de armas han sido los jóvenes estadounidenses. Con alrededor de 15 años y agrupados en torno al movimiento #NeverAgain (#NuncaMás), los estudiantes han salido a las calles, difundiendo información y levantado la voz para exigir a las autoridades condiciones de seguridad en sus escuelas.
El segundo caso sucedió en nuestro país. Por increíble que parezca, un menor de apenas doce años manejó el auto de sus padres a una velocidad de 150 km/hr, con aliento alcohólico, por avenidas de la delegación Tláhuac. Al perder el control tuvo un aparatoso accidente en el que cinco menores perdieron la vida y otro tanto resultó con lesiones, incluido el joven conductor.
¿Qué experiencias, factores o situaciones llevaron a estos jóvenes a cometer estos actos? ¿Existe responsabilidad penal de sus padres? ¿El Estado está preparado para dar una respuesta eficaz a estos acontecimientos? ¿Qué tipo de educación estamos dando a nuestros niños y jóvenes?
Desafortunadamente, sucesos como los anteriores no son únicos. En México, la niñez y juventud han estado expuestas no solo a casos de violencia armada dentro de instalaciones escolares, sino a problemas lesivos para la integridad de los menores como las adicciones, el bullying, el ciberacoso, la vulneración a su intimidad, entre otros. Evitar situaciones de riesgo que generen conductas antisociales, así como instruir a las nuevas generaciones dentro de la cultura de la legalidad y el civismo, es un deber para padres de familia y autoridades del Estado mexicano.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en la toma de decisiones que involucre a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos debe considerarse su interés superior de manera primordial, así como el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones y a intervenir en la educación que habrá de darse a los menores.
De esta manera, la Corte ha reivindicado la responsabilidad educadora de los padres, pues la libertad de la que gozan los menores como sujetos de derecho no puede confundirse con libertinaje. Los padres o tutores del menor tienen el deber de guiar, orientar, supervisar o, incluso, restringir sus conductas y hábitos siempre que se atienda al interés superior del niño o adolescente. Debido a que el ejercicio de los derechos no puede concebirse de manera idéntica para toda etapa de la niñez, los padres deben garantizar la integridad física, psicológica y moral del niño hasta que éste crece y es capaz de ejercer sus derechos por sí mismo.
Como en la más auténtica noción de paideia griega, es menester formar desde la niñez no sólo a individuos sanos, inteligentes o capaces de resolver problemas, sino a ciudadanos virtuosos, cívicos y apegados a una cultura de la legalidad. No puede olvidarse que la democracia posee un flanco cultural que se refleja en las leyes que los pueblos se otorgan. Sólo así, las niñas, niños y adolescentes de hoy se convertirán en los futuros garantes del Estado de Derecho.
