Tal vez como nunca, la corrupción es el gran tema del proceso electoral. Los principales aspirantes a la presidencia de la República lanzan señalamientos hacia sus rivales principalmente enfocados a presuntas acciones de corrupción. En el contexto nacional, hay casos abiertos contra exgobernadores que están acusados de haber desfalcado a sus estados. Y mientras México no termina de afinar los detalles de su Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que avanza lento y con cuestionamientos, la República sigue cayendo en el ranking internacional de combate a este flagelo.
La semana pasada se dio conocer que México en 2017 volvió a descender en el Índice de Percepción de Corrupción que elabora y publica Transparencia Internacional. Nuestro país se encuentra en la peor posición de las naciones integrantes del G20 y de la OCDE, y entre los últimos de América Latina. En 2015 México se encontraba en la posición 95 de entre 180 países, en 2016 cayó al lugar 129 y en 2017 bajó hasta el 135. La propia organización señala que estos malos resultados se deben a las resistencias evidentes a instalar el SNA y a conformar una Fiscalía General de la República independiente.
En la misma semana, de forma directa o indirecta, los tres principales candidatos a la presidencia de la República se vieron señalados por asuntos de corrupción. En el caso de Ricardo Anaya, la acusación es directa y versa sobre presunto lavado de dinero en la compra y venta de propiedades, señalamiento que el candidato del frente PAN-PRD-MC ha negado. Respecto a Andrés Manuel López Obrador, el motivo de la crítica es la inclusión del exlíder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia en la lista de Morena de candidatos plurinominales al Senado a pesar de que ha sido señalado por un presunto desvío de millones de dólares que hasta ahora las autoridades federales no han comprobado. En cuanto al aspirante tricolor, José Antonio Meade, le salpicó la revelación de la Auditoría Superior de la Federación sobre un presunto desvío de miles de millones de pesos de Sedesol y Sedatu cuando él era secretario de Hacienda; el candidato oficialista ha negado tener responsabilidad alguna en el caso.
Pero los escándalos de corrupción se han convertido en una constante de los últimos diez años en México. La mayoría de ellos están vinculados con gobiernos estatales. A pesar de los esfuerzos en materia de transparencia, es evidente que algo está fallando a la hora de aplicar los controles. Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, son los más emblemáticos hoy, como lo han sido también Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila por las deudas y supuestas complicidades de exfuncionarios con el crimen organizado. Pero también el propio gobierno federal ha sido señalado sin que las investigaciones realizadas despejen las dudas sobre casos simbólicos como el de la llamada “casa blanca” en este sexenio o la famosa Estela de Luz en el anterior.
Transparencia Internacional, en la presentación del informe del IPC 2017, apunta de forma clara a la causa. “Estos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia, por sí sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción. De acuerdo con el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership, México ocupó el sexto lugar de 102 países, posicionándose como el mejor país del continente americano, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, será difícil que México mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad”.
Una vez que inicien las campañas, será muy importante revisar qué es lo que proponen los candidatos para combatir la corrupción y cómo piensan llevarlo a cabo, pero, sobre todo, si sus trayectorias y redes que los soportan son congruentes con sus intenciones.
