Transparencia Internacional dio a conocer esta semana el Índice de Internacional de Corrupción y como el mismo documento señala "…ha caído seis puntos en el Índice desde el 2014, bajando la puntuación de 35 a 29…", lo cual lo posiciona en el lugar 133, de 180 países evaluados; en el último lugar entre los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y muy por debajo de Turquía, que ocupa el penúltimo lugar con un índice de 40 puntos, es decir, 11 más que México; y también en el último lugar del llamado Grupo de los 20, que agrupa a los 20 países más industrializados del mundo, empatado con Rusia.
Nueva Zelanda ocupó el primer lugar, con una puntuación de 89, es decir, poco más de tres veces los 29 puntos que alcanzó México; Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia (los cuatro países nórdicos) ocupan los siguientes cuatro lugar, para conformar los primeros 5 posiciones. El índice indica la calificación que empresarios y expertos le otorgan a su país en una escala del 0 a 110, donde 0 es altamente corrupto y 100 libre de corrupción.
Como el mismo informe señala la tendencia es a una disminución en la calificación, aunque las posiciones de los países también se mantienen más o menos estables y el promedio general de todos los países evaluados es de 43 puntos, es decir, ligeramente arriba del promedio de América Latina y el Caribe, que es de 41.9 puntos, y 14 puntos por encima de los 29 puntos de México. El informe destaca que más de las dos terceras partes de los países evaluados tuvieron puntajes inferiores a 50 puntos, lo cual es una mala noticia para el combate a la corrupción en el mundo.
Además de la medición de la percepción de la corrupción a nivel nacional en el mundo, el informe intenta diagnosticar cuáles son los elementos que inciden la corrupción y encuentran que hay una alta correlación entre los niveles de libertad de los medios de comunicación y la vitalidad de la sociedad civil de una sociedad con sus niveles de corrupción, es decir, entre más libertad y vitalidad existan menos corrupción habrá y al revés.
Destacan igualmente que lamentablemente en el mundo no son buenos tiempos ni para la libertad de expresión, especialmente por el número de periodistas asesinados ya que en los últimos cinco años (2012-2017) el número es de 368, de los cuales 70 estaban reporteando temas relacionados con la corrupción y el 96% de los asesinatos ocurrieron en países con índices de corrupción inferiores a 45; y, peor todavía, del total de periodistas asesinados en 179 casos, es decir, prácticamente la mitad de ellos nadie ha sido presentado ante la justicia. También en este ámbito la impunidad es muy alta.
Utilizan el caso mexicano para ilustrar esta relación entre libertad de prensa y corrupción, pues el índice ha disminuido en seis puntos en los últimos tres años y únicamente en el 2017 se reportó el asesinato de 6 periodistas.
El informe también señala que los 25 años de experiencia en la elaboración del índice les muestra que para combatir la corrupción no basta promulgar leyes muy bien diseñadas. "Los corruptos han probado que son muy hábiles para encontrar la forma de darle la vuelta a los obstáculos formales, por lo que los movimientos de arriba abajo y surgidos desde las bases han demostrado que son mucho más eficaces en el largo plazo para combatir la corrupción, que reformas legales e institucionales aisladas.
Una de las recomendaciones que hace la corporación internacional es: "Gobiernos y empresas deben revelar proactivamente información de interés público en formatos de datos abiertos. La divulgación proactiva de datos relevantes, incluyendo los presupuestos gubernamentales, los propietarios de las empresas, procesos de compras públicas abiertas y la publicidad de las finanzas de los partidos políticos permiten a los periodistas, la sociedad civil y las comunidades afectadas identificar patrones de conductas corruptas más eficientemente".
Particularmente, estas últimas reflexiones del informe de Transparencia Internacional resultan verdaderamente estrujantes a la luz de lo que sucede en México. Los esfuerzos se canalizaron fundamentalmente a la construcción de normas e instituciones y aunque las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación hoy son más activas y libres, todavía no predican con el ejemplo, es decir, se mantiene la lógica de que los únicos que deben transparentar la información son el gobierno y los políticos, pero ello no tienen razón para hacerlo dado que no son fondos públicos.
Muchas de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las cámaras empresariales que participaron también activamente en el impulso de la denominada 3 de 3, tienen a los empresarios mexicanos como sus principales financiadores, pero esto no es público y, ni ellos ni los mismos empresarios, están dispuestos a avanzar en someterse a muchas de las exigencias de transparencia que exigen al gobierno y los políticos.
Por supuesto que el gobierno y quienes ocupan puestos públicos son los más obligados a transparentar toda la información, pero ya es tiempo que se empiece a predicar con el ejemplo, particularmente en el caso de las organizaciones de la sociedad civil y todas las entidades privadas que viven de los contratos públicos (como constructoras, empresas farmacéuticas, etc.) o se dedican a actividades vinculadas a permisos o concesiones estatales (como las mineras o telecomunicación) o a la prestación de servicios concernientes a derechos humanos (como las instituciones educativas, de salud, medios de comunicación, etc.).
No basta el Sistema Anticorrupción, hay que predicar con el ejemplo.
