Si, en algunos casos, la Procuraduría General de la República servía al presidente de la República para procurar o denegar justicia y amedrentar al adversario político, ahora esa particular función se ha ampliado al Partido Revolucionario Institucional.
De no acreditar imparcialidad, objetividad y pulcritud en su desempeño, será menester reconocerla como la Procuraduría General del Revolucionario. De ser así, el entierro de esa institución podrá llevarse a cabo sin rendirle honores.
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De mil modos se ha expuesto la importancia de garantizar autonomía e independencia a la Fiscalía General de la República, pero el más sólido de ellos lo está ofreciendo la propia Procuraduría, encargada a Alberto Elías Beltrán.
En la velocidad y eficacia de su actuación ante distintos casos, la dependencia deja ver a quién sirve en realidad. En varios asuntos del interés general no ha dado señal de estar avocada ni empeñada en atenderlos y en uno, del interés del Partido Revolucionario Institucional, se ha conducido con diligencia inaudita.
En el tratamiento de unos y otros casos aflora la urgencia de estructurar en serio la nueva Fiscalía y nombrar a un titular a la altura.
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Tres casos donde la Procuraduría no muestra gana de atender y responder al interés general son los siguientes:
Uno. El martes pasado, Mexicanos Contra la Corrupción reseñó cómo hace ocho meses denunció el espionaje cometido contra once periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos a partir del malware Pegasus, adquirido por la propia Procuraduría.
El organismo ciudadano da cuenta de las numerosas omisiones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR para atender la denuncia. En el colmo del cinismo, viéndose obligada -a través de un amparo- a responder ante un juez el porqué de su negligencia, la Fiscalía señaló que llevará a cabo las diligencias "en el momento que lo considere oportuno".
Ocho meses no han sido suficientes para procurar justicia. No existe en la administración la voluntad de esclarecer ese grave asunto. No es de su interés, no le conviene atenderlo y sí, en cambio, puede perjudicarla.
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Dos. El lunes 16 de octubre, al dejar la Procuraduría, Raúl Cervantes informó de la conclusión de la investigación relativa a los sobornos de la constructora Odebrecht -que, quizá, hayan tenido derrame en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. "Ya con ello -afirmó Cervantes-, en los siguientes días, se harán las imputaciones correspondientes ante el Poder Judicial Federal".
Han transcurrido cien días. Jornadas insuficientes para que el encargado Alberto Elías presente ante un juez la investigación concluida por su ex jefe.
No existe en la administración la voluntad de esclarecer ese grave asunto. No es de su interés, no le conviene atenderlo y sí puede perjudicarla.
Tres. El pasado 3 de febrero, el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Gobernación llegaron a un acuerdo que conjuró, por fortuna, una crisis política derivada de la retención de fondos a la administración del gobernador Javier Corral por investigar la triangulación de recursos federales al Partido Revolucionario Institucional.
En ese acuerdo, la Procuraduría se comprometía a llevar a cabo las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición en contra del ex gobernador (de Chihuahua) César Duarte Jáquez, "con el objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia". No se sabe si Duarte ha sido localizado, sí que su detención y extradición podría poner en apuros a la administración y al partido oficial.
¿Qué significa "celeridad" en la Procuraduría? Es evidente que cuando un litigio puede perjudicar a la administración o al partido oficial, la procuración de justicia afloja el paso y la voluntad.
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En contraste, asombra la diligencia de la Procuraduría al investigar una denuncia "sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita" que podrían involucrar al candidato presidencial Ricardo Anaya.
La dependencia abrió carpeta el 26 de octubre pasado, realizó diversas diligencias como cateos, solicitar alertas migratorias, citar a personas e, incluso, convertir a algunas de ellas en testigos protegidos. Y, ahora, ya localizó en Canadá a una persona clave en el asunto. Rápida y eficiente.
A diferencia de los otros, este asunto sí conviene a la administración y beneficia a su partido y candidato.
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¿Estamos frente a la Procuraduría General del Revolucionario? Urge el fiscal autónomo e independiente.
EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ
¡Qué contraste! Ambos son secretarios de Estado del mismo gobierno y, sin embargo, la actitud y la conducta son diametralmente distintas cuando se ven obligados a encarar un problema.
Uno, al ocurrir el incidente, jamás se presentó al lugar de los hechos ni dio el pésame a los deudos de las víctimas. No, sólo envió a una emisaria a ver si con una compensación los deudos superaban "el mal rato", supuesto en la muerte del jefe de familia y uno de sus hijos. Y, generoso, el secretario les hizo llegar un par de mochilas a los menores que habían perdido a su padre.
El otro, apenas pudo, se presentó en el lugar de los hechos, asumió la responsabilidad de lo ocurrido, dio el pésame a los deudos de las víctimas fallecidas y les ofreció asistencia y ayuda que hizo llegar de inmediato.
El primero es el secretario Gerardo Ruiz Esparza; el segundo, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. ¡Qué diferencia!
