Aunque el municipio es considerado la célula de la República federal mexicana, en general no cuenta con la fortaleza suficiente para hacer frente a las demandas de la ciudadanía. Se trata del nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos y, paradójicamente, el más débil. En La Laguna, como en otras partes del país, el rezago en servicios públicos evidencia dicha debilidad, ya que es precisamente la atención de ese rubro la principal función de los ayuntamientos.
La semana pasada los alcaldes de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, retomaron el diálogo metropolitano con la finalidad de compartir diagnósticos, revisar problemas comunes y plantear una agenda conjunta de soluciones. En el primer acercamiento, los munícipes coincidieron en que los ayuntamientos están acotados en materia financiera y que no reciben un trato equitativo de parte de los Estados y la Federación.
Ciertamente, los limitados recursos económicos es uno de los principales problemas de los municipios. En general, el nivel de recaudación de éstos es bajo, debido al acotado margen de maniobra y a la ausencia de políticas de cobro más amplias y efectivas. En consecuencia, la dependencia de participaciones federales es demasiado alta, carecen de autonomía financiera y por lo regular quedan supeditados a lo que los gobiernos de las entidades federativas determinen.
La base de la inequidad radica en que son los Ejecutivos de los estados los intermediarios entre la Federación que entrega los recursos y los ayuntamientos que los reciben. Y muchas veces los criterios utilizados por las administraciones estatales tienen que ver más con los intereses de los partidos y grupos en el poder, que con las necesidades que tienen los habitantes de los municipios.
Pero no son los únicos elementos de debilidad. Los ayuntamientos enfrentan problemas de representatividad debido al modelo por el que se conforman. El hecho de que los integrantes del Cabildo o concejo municipal, que en teoría es la máxima autoridad del ayuntamiento, no sean electos directamente por los ciudadanos abre la puerta de par en par a que se vuelvan servidores públicos lejanos a las necesidades de la población y cercanos a los intereses del grupo o partido que les permitió llegar.
Otro aspecto importante es que, contrario a lo que ocurre con los estados, los ayuntamientos no pueden establecer asociaciones o convenios que tengan un peso real a la hora de tomar decisiones o emprender proyectos en conjunto. Un caso sintomático es el fondo metropolitano, el cual debe utilizarse en beneficio de los municipios que forman una zona conurbada pero que es administrado 100 por ciento por los estados sin que los ayuntamientos tengan voto en las decisiones de las obras a emprender.
La iniciativa de los alcaldes metropolitanos de La Laguna es oportuna y necesaria, pero sus impulsores no deben perder de vista que para fortalecer el papel de municipio es necesario mejorar los esquemas de recaudación y administración de recursos públicos, proponer iniciativas en los Congresos locales para aumentar la representatividad social de los concejos municipales, exigir un papel más protagónico en la toma de decisiones de la distribución y aplicación de participaciones y estrechar lazos para la coordinación y planeación en las zonas metropolitanas.
