Incertidumbre. El Parlamento de Cataluña está pendiente de conocer si el expresidente Carles Puigdemont acudirá este martes para someterse a votación de investidura que le permita regresar al cargo. (ARCHIVO)
La celebración o no este martes en el Parlamento catalán de la sesión para investir presidente regional al independentista Carles Puigdemont, huido a Bruselas desde hace tres meses, y si éste regresará a Cataluña, mantiene en vilo a la clase política y a los tribunales de España.
Puigdemont, fugado a Bélgica para evitar comparecer ante la Justicia española que lo acusa de los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, es el único candidato propuesto por el independentismo catalán, con mayoría en la Cámara autonómica, para presidir el nuevo Gobierno regional.
A menos de 24 horas de la fecha marcada para el debate en el que sería investido nada es seguro, ni siquiera la celebración de dicha sesión, que ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno de España, al igual que la candidatura de Puigdemont, al que considera un prófugo de la Justicia.
El TC ha eludido hasta el momento manifestarse a ese respecto, aunque sí ha adoptado una medida cautelar consistente en prohibir que el pleno de investidura se celebre sin la presencia física del candidato, bien por videonconferencia o por delegación a otro diputado de la lectura de su discurso.
Una decisión que "ha reconfortado" a todos, porque "alguien que ha pretendido liquidar la unidad nacional no puede ser presidente de nada", dijo ayer el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy (PP, centroderecha), y que ha sido recurrida por el grupo parlamentario que encabeza el expresidente regional catalán, Junts per Catalunya (JxCat).
Según JxCat, estas medidas "vulneran derechos fundamentales", dado que no han sido solicitadas por ninguna de las partes, e "invaden la autonomía del Parlamento" local y la "competencia exclusiva de la Mesa" de la cámara catalana en la aplicación e interpretación de su reglamento.
Sobre Puigdemont pesa una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo, de modo que si pisa suelo español será detenido y llevado ante un juez que le investiga por su impulso al ilegal proceso independentista en Cataluña.
PUIGDEMONT PIDE CONDICIONES
En un nuevo intento para evitarlo, el dirigente independentista dirigió ayer un escrito al Alto Tribunal en el que acredita su condición de diputado electo y subraya que puede ejercer los derechos que le son inherentes sin necesidad de "autorización judicial".
En su escrito, los abogados de Puigdemont avalan su condición de diputado, con todos los derechos y prerrogativas que le son inherentes, "especialmente el de inmunidad parlamentaria", por lo que entiende que no le hace falta pedir "ningún tipo de autorización judicial para el ejercicio de estos derechos".
En ese sentido, la Fiscalía española ya avisó hace unos días al independentista catalán de que la condición de inmunidad no significa que no se pueda ordenar su ingreso en prisión por orden judicial.
Apurando sus posibilidades, Puigdemont pidió además ayer "amparo" al presidente del Parlamento regional, el también independentista Roger Torrent (ERC-republicanos de izquierdas), para poder someterse al pleno.
En su escrito señala a Torrent que el Estado español lleva a cabo "actuaciones judiciales y gubernamentales encaminadas a obstaculizar el ejercicio" de su mandato como diputado y como candidato a la presidencia del Ejecutivo regional.
Y, en concreto, a impedir que pueda asistir al pleno de investidura del nuevo presidente, previsto para mañana a las 14.00 GMT.
Por eso pide "amparo", que es una figura parlamentaria sinónima de ayuda, y que "adopte las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas" del Parlamento autonómico.
Está previsto que la Mesa de esa Cámara se reúna a primera hora del martes para decidir si mantiene el pleno de la tarde y, en caso afirmativo, con qué formato.
Pese al cúmulo de especulaciones sobre un eventual retorno de Puigdemont, diversas fuentes soberanistas no creen en la hipótesis de su vuelta, dado que se le abriría un futuro judicial tan incierto o más que el de los otros cuatro líderes independentistas que están en prisión preventiva por los mismos supuestos delitos.
Partiendo de la base de que el expresidente catalán no haga acto de presencia, los escenarios posibles pasarían por desconvocar o aplazar el debate para evitar problemas legales o sacrificar a Puigdemont y elegir un candidato distinto, algo que no se descarta ni dentro de las propias filas independentistas.
Cumple Felipe VI 50 años de edad en medio de crisis
El rey de España, Felipe VI, cumple mañana 50 años de vida, en un momento en el que el Estado español afronta la crisis independentista en Cataluña como principal reto a superar en su reinado iniciado el 19 de junio de 2014.
La Casa Real española distribuyó desde el pasado fin de semana imágenes del monarca con la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en actividades en el Palacio de la Zarzuela, en una comida en casa o en el coche de camino al colegio de las niñas.
Las imágenes inéditas en video y fotografía muestran momentos de convivencia familiar, y también algunas en actividad del monarca, con las que quiere que los ciudadanos conozcan mejor cómo trabaja el rey y cómo es su vida en familia.
Para celebrar este aniversario, el rey impondrá este martes a la princesa de Asturias el Collar de la insigne Orden del Toisón de Oro, la más alta distinción que concede el monarca español, y que él la recibió de manos de su padre el 15 de mayo de 1981.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, adelantó ayer lunes su felicitación al monarca con una reseña sobre su vida en la que asegura que en estos 50 años hay algunos de los mejores momentos de la historia de España.
"El rey se ha ganado a los españoles con el ejemplo, ese arma de apariencia débil y realidad poderosa. Con su trabajo y esfuerzo diario, los españoles tenemos muchos motivos para estar orgullosos de nuestro monarca constitucional", aseguró Rajoy.
Consideró que en estos años ha dado muestras de "cercanía, prudencia, dignidad, enseñanza de los padres, ejemplo para los hijos, compromiso, sentido del deber y ejemplaridad", que conforman "la naturaleza de buen rey".
La celebración del 50 cumpleaños del rey coincide con la actual crisis catalana que desde septiembre pasado se mantiene en la primera línea de la agenda política española, y en la que el rey ha manifestado su defensa de la unidad de España y la Constitución.
En un discurso institucional el pasado 3 de octubre (dos días después del referéndum no válido de independencia en Cataluña), acusó a los líderes independentistas de "quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común".
"Ante esta situación de extrema gravedad, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía", expresó.
El discurso fue criticado por los independentistas y muchos otros políticos catalanes, que consideraron que con ello el rey había dejado de lado su papel mediador y se posicionaba con una de las partes de la crisis.
A su vez, las fuerzas políticas contrarias a la independencia defendieron al monarca, aunque algunas voces consideraron que fue una intervención precipitada porque "se le quema" de cara a futuras actuaciones en las que pueda ser necesario.
Secesionistas en prisión no acudirán a Parlamento
El Tribunal Supremo de España confirmó ayer la prohibición de que los secesionistas catalanes Oriol Junqueras y Jordi Sánchez, ambos en prisión preventiva, puedan acudir al Parlamento regional para asistir mañana a la sesión de investidura del candidato a presidente autonómico o que deleguen su voto.
En un auto notificado ayer, el magistrado que instruye la causa por el proceso independentista en la región de Cataluña, Pablo Llanera, responde al recurso presentado por ambos, basándose en el argumento de "riesgo de reiteración delictiva", el mismo por el que decidió mantenerlos en prisión a la espera de juicio.
Junqueras (ERC-republicanos de izquierda), exvicepresidente del Gobierno regional catalán, y Jordi Sánchez, exlíder de la organización independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), están acusados de los supuestos delitos del rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Junqueras encabezó la lista de ERC en las pasadas elecciones regionales del 21 de diciembre convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP, centroderecha) para devolver la normalidad institucional a Cataluña, tras el proceso secesionista que culminó con la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre.
Por su parte, Sánchez abandonó la ANC para unirse a la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia española en Bélgica, acusado de los mismos presuntos delitos, y candidato a presidir de nuevo el Gobierno autonómico.
Tanto Junqueras como Sánchez mantienen sus actas de diputados electos, aunque el juez no les permitirá acudir al Parlamento regional para participar en la formación del nuevo Ejecutivo catalán ni delegar su voto en un representante.
