El Gobierno de España autorizó hoy la presentación de ese recurso ante el Constitucional contra la convocatoria de un pleno del Parlamento autonómico para debatir y votar la investidura de Puigdemont. (ARCHIVO)
El Tribunal Constitucional español suspenderá previsiblemente antes del próximo martes la designación de Carles Puigdemont como candidato a presidente de la región de Cataluña, con una resolución en la que además advertirá a los miembros de la Mesa de esa cámara de su obligación de obedecer.
El Gobierno de España autorizó hoy la presentación de ese recurso ante el Constitucional contra la convocatoria de un pleno del Parlamento autonómico para debatir y votar la investidura de Puigdemont, huido en Bélgica desde finales de octubre pasado.
Sin embargo, el presidente de esa Cámara regional, Roger Torrent (del partido independentista ERC), anunció poco después que los servicios jurídicos ya estudian una respuesta a la impugnación del Gobierno, al que exigió "respeto", y subrayó que mantiene el pleno de investidura con Puigdemont como candidato.
Ese pleno está convocado para el martes 30 de enero, a las 14:00 GMT, con la incógnita de si Puigdemont -reclamado por la Justicia española por los presuntos delitos de rebelión y sedición- intentará debatir por videoconferencia o acudirá a Barcelona, con el riesgo de ser detenido en cuanto pise territorio español.
El Ejecutivo español de Mariano Rajoy decidió hoy presentar ese recurso a pesar de no contar con el respaldo del Consejo de Estado, un órgano de carácter jurídico consultivo y no vinculante.
Ahora el Constitucional debe decidir si admite a trámite ese recurso, una decisión que podría no adoptarse por unanimidad.
Será en un pleno extraordinario que podría convocarse este sábado o el lunes pero, en cualquier caso, antes del martes 30 de enero, la fecha para la que está fijado el pleno.
De esa reunión del TC saldrá, probablemente, la suspensión de la convocatoria recurrida, que según fuentes del Tribunal consultadas por Efe es prácticamente automática, pero sin entrar en el fondo del asunto, para lo cual tiene un plazo de varios meses.
De producirse la admisión a trámite y la suspensión, irán acompañadas de advertencias de la obligación de obedecer dirigidas personalmente a los miembros de la Mesa y a su presidente, Roger Torrent, con el apercibimiento de que si no lo hacen podrían incurrir en un delito de desobediencia.
El Consejo de Estado ha informado en contra del recurso porque no ve fundamentos para impugnar ahora de manera preventiva la candidatura de Puigdemont, cuando aún se desconoce si el independentista se presentará o no en el Parlamento regional para su investidura.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó tras el Consejo de Ministros los motivos por los que se ha ratificado en la decisión del recurso y aseguró que se trata de defender el Estado de Derecho.
"Como Gobierno, tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien huido voluntariamente de la Justicia pueda de forma ilegítima ser investido", subrayó Sáenz de Santamaría en alusión a Puigdemont.
Puigdemont fue cesado por el Gobierno español, junto al resto de su Gabinete, tras la aprobación por el Parlamento regional de una declaración ilegal de independencia el pasado 27 de octubre, lo que llevó asimismo a la disolución de esa Cámara y a la convocatoria de comicios autonómicos del pasado 21 de diciembre.
Esos comicios los ganó el partido liberal Ciudadanos, defensor de la unidad de España, pero las fuerzas independentistas suman mayoría absoluta.
Por eso su acuerdo es proponer a Puigdemont como candidato a presidente regional, a pesar de que esté huido en Bruselas.
Torrent lamentó que la única respuesta que ha obtenido del Gobierno español a su "voluntad sincera de diálogo" hayan sido "las amenazas" y "la judicialización de la política".
El dirigente independentista se mostró convencido de que Puigdemont "cumple todos los requisitos legales para ser candidato" y que la impugnación de su candidatura "no tiene ningún fundamento jurídico", como en su opinión confirma el Consejo de Estado".
