La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la organización de derechos civiles más importante del país, calificó la propuesta de 'xenófoba' y 'llena de odio'. (ARCHIVO)
Diversas organizaciones de EU han rechazado hoy la propuesta del presidente, Donald Trump, de conceder la ciudadanía a 1,8 millones de indocumentados que llegaron de niños al país a cambio de 25.000 millones de dólares para construir el muro y reforzar la seguridad fronteriza.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la organización de derechos civiles más importante del país, calificó la propuesta de "xenófoba" y "llena de odio", y criticó la sugerencia de eliminar mecanismos de inmigración legal, entre ellos la lotería de visas.
"Reduciría la inmigración legal a niveles no vistos desde las cuotas raciales de la década de 1920, eliminaría los canales legales de inmigración para los países africanos y gastaría 25,000 millones de dólares en un muro fronterizo perjudicial y derrochador", señaló en un comunicado Lorella Praeli, directora de políticas y campañas de inmigración de ACLU.
Según informaron altos funcionarios de la Casa Blanca, Trump ha pedido hoy al Congreso que apruebe una ley que permita a los "soñadores" acceder a la ciudadanía en unos 10 o 12 años si cumplen con algunos requisitos, como tener trabajo, educación y "un buen comportamiento moral".
El presidente pide también el fin de la llamada "lotería de visados para la diversidad", que asigna aleatoriamente hasta 50,000 visados al año para los ciudadanos de naciones con bajas tasas de migración a Estados Unidos, especialmente países africanos, y en su lugar pide asignar esos visados a trabajadores altamente cualificados y familias.
"Ningún demócrata o republicano que afirme querer verdaderamente proteger a los Soñadores debe respaldar o incluso considerar esta propuesta", señaló el presidente del Centro para el Progreso Estadounidense, Neera Tanden.
La cifra que propone Trump de 1.8 millones de inmigrantes es superior a los 690,000 jóvenes, conocidos como "soñadores" o "dreamers" que actualmente pueden trabajar y están protegidos de la deportación gracias al programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), cuya vigencia expira en marzo por orden del presidente.
No obstante, ello sería a costa de disposiciones "extremadamente dañinas", que reduciría la inmigración legal hasta "un momento en que Estados Unidos discriminaban abiertamente por motivos de raza y origen nacional", opinó Tanden.
El presidente de FWD.us, Todd Schulte, señaló que, según se desprende de lo que se ha informado por ahora de la propuesta, y que revela "el mayor recorte de la inmigración legal en casi un siglo", la medida "devastaría" la economía estadounidense.
"Afectaría específicamente a los trabajadores de clase media y de ingresos medios en todo el país", señaló Schulte.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés) rechazó la "indecente y grotesca propuesta", la cual "descaradamente usa a jóvenes inmigrantes como moneda de cambio para obtener 25.000 millones de dólares para el muro fronterizo".
"Este plan no pretende ofrecer una solución sino más bien inflamar y dividir a nuestra nación", manifestó Angélica Salas, directora de CHIRLA.
"Es un teatro político para los nacionalistas blancos que ya de entrada está muerto", señaló por su parte Jess Morales Rocketto, directora política de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, que desarrolla la campaña We Belong Together.
"Esta no es una solución. Es una prueba más de que esta Administración no se preocupa por los Soñadores ni por ningún inmigrante y no sabe cómo gobernar", agregó.
La Casa Blanca ha descrito el plan de Trump como un "compromiso" para lograr un acuerdo en el Congreso, donde los republicanos tienen mayoría, pero los demócratas cuentan con votos suficientes para bloquear propuestas y, como ocurrió la semana pasada, forzar un cierre administrativo.
Muchos legisladores demócratas y republicanos han avisado que no apoyarán una ley presupuestaria de gasto si no se alcanza antes un pacto sobre inmigración.
La Casa Blanca espera que el Senado pueda votar sobre una ley migratoria días antes del 8 de ese mes, cuando expira la ley presupuestaria que financia a la Administración.
