Proceso. La Justicia brasileña ratificó hoy la condena por corrupción pasiva y lavado de dinero contra Lula da Silva. (EFE)
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está más cerca de su inhabilitación política después de que un tribunal de segunda instancia lo condenó ayer por corrupción y lavado de dinero y aumentó su pena de prisión a 12 años y un mes.
Tras casi diez horas de sesión, los tres jueces que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la 4 Región de la ciudad de Porto Alegre decidieron elevar la pena de nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado dinero dictada en julio pasado contra el exmandatario en primera instancia.
"Hay prueba, encima de lo razonable, de que Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción" que operó en la estatal Petrobras, afirmó el juez Joao Pedro Gebran Neto, instructor del caso, durante la lectura de su voto.
Los jueces mantuvieron un tono duro contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT) con frases demoledoras que echaron por tierra los argumentos de su defensa al considerar que las "violaciones" cometidas fueron "gravísimas".
"Lula fue beneficiario personal y directo de los sobornos puestos a disposición del PT", aseguró el juez Leandro Paulsen, presidente de la sala.
"No solo había un enriquecimiento personal, también servía para financiar campañas y el proyecto político de un Gobierno", remarcó Gebran Neto.
"Estamos ante pruebas que resistieron a la crítica, al contrapunto. Si las pruebas fuesen débiles no habrían resistido. Si resistieron es que está demostrada la culpabilidad", aseguró el último en pronunciarse, el magistrado Víctor Luiz dos Santos Laus.
En esta causa, una de las siete abiertas en su contra en la Justicia, la mayoría por supuesta corrupción, Lula fue condenado por supuestos sobornos de la constructora OAS.
Baja
La decisión, aunque es apelable:
⇒ Complica las opciones del expresidente (2003-2010) para competir en las elecciones presidenciales de octubre .
⇒ Ya que, según la legislación brasileña, los condenados en segunda instancia no pueden ser postulados.
