Como preludio de lo intenso que será el año que comienza en materia política, diversas asociaciones cívicas entre las que destaca PC29 interpelan a Miguel Riquelme y al Congreso de Coahuila, con motivo del inicio de actividades de la nueva Legislatura. En una comunicación que circula por las redes sociales, los ciudadanos reclaman el cumplimiento de una aspiración insatisfecha que exige del Gobierno de Riquelme "Hechos no Palabras", planteando una agenda que es urgente atender, como condición para dar viabilidad al futuro de nuestro Estado.
La lista de los temas que contiene el manifiesto es encabezada con el tema de la deuda pública contraída durante el Moreirato, respecto de la cual los firmantes de la interpelación piden su esclarecimiento total. La exigencia incluye emprender los procedimientos que lleven a la recuperación de los recursos, así como la aplicación de sanciones administrativas y penales en contra de los responsables, tanto de la contratación fraudulenta de la mega deuda que tuvo lugar en el origen de los créditos como de la disposición ilícita de su importe, lo que ha hecho de nuestro Estado la entidad federativa con mayor deuda por habitante en el país.
El reclamo que antecede se encuentra vinculado a otros dos similares, que implican el tópico de la corrupción entendida como disposición ilícita de recursos públicos. El primero se refiere a la malversación de fondos mediante el pago de facturas falsas expedidas por empresas inexistentes en fecha reciente en tiempos de Moreira Rubén y el segundo engloba el saqueo de diversas instituciones de previsión social, como son los fondos de pensiones de los trabajadores de diversas áreas del sector público, entre los cuales destacan los maestros.
Otra de las demandas es la que pide dejar sin efecto la reforma a la Ley Orgánica del Congreso de Coahuila, que en los últimos días del año pasado ató de manos a la mayoría de diputados de oposición a la bancada del partido del gobernador, a la que la Ley en comento le da el control del Congreso a pesar de ser minoría. La absurda reforma que no tiene equivalente en ningún lugar del mundo, obliga a los de oposición a llevar a los tribunales constitucionales el caso, lo que entre tanto empantana nuestra vida institucional en beneficio del gobierno impuesto de Riquelme y de sus patrones que operan tras bambalinas sin más ley que su capricho.
En su comunicado difundido profusamente en redes sociales, las organizaciones cívicas exigen una reforma a la Constitución del Estado, que haga una refundación del sistema anticorrupción instalado en las postrimerías del sexenio pasado. La petición referida entraña un reconocimiento de que el actual sistema anticorrupción en Coahuila nació muerto, porque no garantiza ni la autonomía de su operación ni la eficacia de sus resultados.
Destaca una petición que exige la constitución de una agenda que busque la satisfacción de los requisitos elementales de una democracia participativa, a partir de las promesas de campaña, de quienes hasta hace meses eran candidatos en busca del voto del pueblo y que hoy, La petición incluye la creación de una Contraloría Social integrada por Consejos Ciudadanos, que dé seguimiento puntual al cumplimiento de al justo reclamo que exige justicia de cara al pasado reciente y transparencia y rendición de cuentas de frente al porvenir.
No faltan persona escépticas que ante la interpelación que es objeto de comentario, opinan que se trata de un esfuerzo inútil porque una vez sentados en la silla del poder, los políticos suelen olvidar sus promesas de campaña y en consecuencia, es ilusorio pretender que en función de sus antecedentes, Riquelme incorporará la apertura a la participación ciudadana a su estilo de gobierno. En todo caso, el deber que entraña la participación activa y la exigencia constante de los ciudadanos frente al poder público, debe ser cumplido como condición indispensable de acceso, si pretendemos para nosotros y para nuestros hijos, una vida mejor.
