'No tienen ningún interés en garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar, ni de permitir a las víctimas de desaparición o desaparición forzada poder enviar casos al Comité', consideran. (ARCHIVO)
El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no ha aprobado ningún instrumento internacional sobre Derechos Humanos o reconocido sus facultades, algo que no ocurría desde el sexenio de Adolfo López Mateos (1958-1964).
Entre los pendientes está el reconocimiento a la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que permitiría recibir y pronunciarse sobre peticiones concretas.
En su Programa Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno federal incluyó el reconocimiento de esos mecanismos, lo que no ha ocurrido pese a la exigencia de expertos y de colectivos de personas con familiares desaparecidos.
Santiago Corcuera, quien presidió en 2017 el comité de la ONU, advirtió sobre la importancia del reconocimiento: "Abriría una ventana de justicia adicional a las víctimas ante un organismo especializado en un tema del que México se duele como muy pocos países del mundo".
En el sistema de Naciones Unidas, a México le falta además reconocer los protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El reconocimiento también permitiría analizar casos específicos y no sólo hacer un análisis general del país.
En el sistema interamericano, México no ha reconocido instrumentos contra el racismo y la discriminación, y sobre los derechos de adultos mayores.
Corcuera recordó que la política exterior mexicana ha tenido dos grandes oleadas de ratificación de tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, uno con el canciller Jorge Castañeda, en el sexenio de José López Portillo, y otro con su hijo, Jorge Castañeda Gutman, quien también fue canciller, pero con el presidente Vicente Fox.
"La política exterior en materia de Derechos Humanos de este sexenio, en contraste con la de Fox, es de aparente apertura, pero luego de negación de la realidad y de actitudes de desdén y falta de respeto a los relatores", consideró Corcuera.
Para José Antonio Guevara, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, la política del país incluso es regresiva.
"No tienen ningún interés en garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar, ni de permitir a las víctimas de desaparición o desaparición forzada poder enviar casos al Comité", dijo.
Sobre las trabajadoras del hogar, aunque la actual administración ofreció ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para garantizar los derechos labores y de acceso a la salud de las empleadas del hogar, eso no ha ocurrido.
