Recursos. El gobierno federal asignó en forma discrecional a los gobiernos estatales casi 300 mil millones de pesos extraordinarios durante los primeros cinco años del sexenio de Enrique Peña.
El Gobierno federal asignó en forma discrecional a los gobiernos estatales casi 300 mil millones de pesos extraordinarios durante los primeros cinco años del sexenio de Enrique Peña.
Tal discrecionalidad del Ejecutivo federal implica un riesgo de control político sobre las entidades federativas y debilita a la Cámara de Diputados en su facultad de aprobar cada año el Presupuesto de Egresos, alertó la organización México Evalúa.
Estudios de este organismo indican que en tres programas del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas se concentró la asignación extraordinaria a las entidades, sin criterios para determinar montos, sin reglas de operación y sin control alguno por parte de la Cámara baja, pese a los montos multimillonarios asignados.
"Por la forma en que se maneja el Ramo 23 podemos decir que no se trata de la caja chica, sino la caja grande del Gobierno federal, con montos que son superiores a programas educativos o de salud", afirmó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
En 2013, al comenzar la gestión de Peña, Hacienda destinó 41 mil 668 millones de pesos a las entidades, por medio de la partida llamada Programas Regionales, que el año anterior había tenido una asignación de sólo 5 mil 537 millones de pesos.
Durante 2014 y 2015, las asignaciones millonarias a las entidades se asignaron mediante el programa Contingencias Económicas, por un monto de 131 mil 771 millones de pesos.
El programa de Contingencias Económicas es el antecesor del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, el mismo del que el Gobierno de Chihuahua que encabeza Javier Corral reclamó 700 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda para el ejercicio del 2017 y que aún no se le entrega.
Exigen castigo a mandatarios corruptos
Para legisladores de oposición no es casualidad que los estados cuyos gobernantes fueron acusados de corrupción, también sean los que tengan las deudas públicas más altas por habitante, por lo que exigieron al Gobierno federal investigar, castigar y obligar a los inculpados a resarcir el daño.
Según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y la Secretaría de Hacienda, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo -que fueron por militantes o ex militantes priistas-, son los cuatro estados con las mayores deudas del país. De forma paralela, los ex Mandatarios de estas entidades están bajo investigaciones por mal uso de recursos públicos.
Para Isidro Pedraza, senador del PRD, la actual administración ha destacado por gobernadores corruptos, los que, subrayó, no han regresado lo robado. "Cerca de 20 gobernadores que terminaron en el periodo con Peña Nieto, que están señalados de actividades de corrupción, cerca de 280 mil millones de pesos están ahí faltando del erario público y hay una gran complacencia del Gobierno Federal y no habido acciones determinantes", señaló.
"Si no hay una protesta como la que se da en Chihuahua, no se activan los mecanismos para solicitar la extradición del delincuente de Duarte. Creo que esto es el colmo de la autocomplacencia, que habla de un contubernio de como bien lo dijeron ahí, es un pacto de impunidad que se había hecho en el Gobierno Federal", agregó.
En tanto, el coordinador del bloque PT-Morena en el Senado, Manuel Bartlett, indicó que la corrupción emana desde el Ejecutivo Federal, por lo que, consideró, ha sido difícil de combatir. "Los gobernadores se asociaron con Peña Nieto, (desviaron) una cantidad de recursos a la campaña de Peña Nieto, por eso encuentras tú que están coludidos un gobernador tras otro, van muchísimos que están metidos aún, porque viene desde la presidencia", apuntó.
