Jornada. Ciudadanos protestan afuera de la morgue. (EFE)
Las autoridades venezolanas siguen sin despejar las dudas sobre la acción policial que acabó el lunes con la vida del inspector Óscar Pérez y otros 6 integrantes del grupo de sublevados que lideraba, cuyas familias siguen reclamando los cuerpos y los resultados de las autopsias.
La forma en que el Gobierno ha actuado después de este operativo calificado de "ejecución extrajudicial" por grupos pro Derechos Humanos ha llevado a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a no acudir a la ronda de diálogo con emisarios del presidente Nicolás Maduro programada para hoy en República Dominicana.
La primera de las razones invocadas por la MUD para no participar en este nuevo encuentro son las declaraciones con las que el ministro del Interior, Néstor Reverol, aseguró el martes haber obtenido de los negociadores opositores información que llevó a dar con el paradero de Pérez.
Mientras el Gobierno anunciaba que sus representantes sí se desplazarían a República Dominicana para participar, según lo "pautado", en la reunión programada para ayer jueves, familiares de Pérez y de otras personas abatidas en la operación acudían a la principal morgue de Caracas pidiendo poder dar sepultura a sus muertos.
"No voy a firmar nada hasta no ver que es mi hermana ésa que está ahí", dijo antes de pasar uno de los cordones de agentes antidisturbios que custodian desde hace 4 días la morgue Leidy Ramírez, hermana de Lisbeth Andreína Ramírez.
En la jornada de ayer, diputados de oposición y abogados pro Derechos Humanos dijeron a los medios que la tía del inspector de la Policía científica que encabezaba el grupo de rebeldes firmó un acta que podría ser de reconocimiento del cuerpo pese a no haber podido ver los restos de Pérez, algo que confirmó la propia señora.
Mientras tanto, más de veinte expresidentes y antiguos jefes de Gobierno de España y de países de América Latina condenaron "las ejecuciones sumarias y extrajudiciales" en Venezuela y pidieron a los organismos internacionales que levanten su voz contra lo que llamaron "crímenes de Estado".
