La manifestación del poder
Nada está más alejado de la vida democrática que la imposición de la ley por parte de quienes detentan el poder; arguyendo falazmente que, justo lo que imponen vía simulación legislativa, responde a la voluntad popular.
La aprobación de la polémica Ley de Seguridad Interior es un golpe a la democracia, y eso lo saben los gobernadores ineptos e indolentes, quienes no tuvieron empacho en expresar su beneplácito por esta ley que, entre otras cosas, los pone en una situación más que cómoda, y los exime hasta cierto punto de su responsabilidad en el combate contra la delincuencia organizada; sólo tienen que solicitar la presencia de las fuerzas armadas y pagarles… de nuestros impuestos, ¡Claro!
Los diputados que maquillaron la iniciativa del proyecto de la citada ley, y los senadores que la aprobaron, se dicen representantes de la voluntad popular, pero nada es lo que parece; ellos han actuado conforme a intereses oscuros y llevan sin duda un bono extra por haber votado la ley que, dizque regula la acción de las fuerzas armadas en las calles de México.
Los ciudadanos de a pie, podríamos estar equivocados respecto a este espinoso asunto; pero si organismos internacionales como la ONU y la CNDH, además de destacados juristas y numerosas ONG, expresaron en su momento los inconvenientes de esta ley, y aun así fue aprobada en lo particular y en lo general, con la promesa de perfeccionarla sobre la marcha; entonces, estamos frente a un hecho de supremacía; una decisión tomada antes de ser llevada a votación; una simulación legislativa; un circo mediático de dar atole con el dedo; de un acto desleal a los principios democráticos, bajo la falsa premisa de “la población así lo quiere”, o de “México necesita esta ley”; como si no hubiésemos tenido al ejército más de seis años en las calles y comprobado que el índice de hechos delincuenciales no ha bajado.
Políticos con oídos sordos a la voz de la población; mentes cerradas a los argumentos que sustentan una posición política de la población afectada por decisiones gubernamentales, hacer su voluntad de acuerdo a intereses muy particulares son cosa común en muchos rincones de México; pues así como se aprobó la Ley de Seguridad Interior sin importar la opinión mayoritaria, así ocurrió en Gómez Palacio, Dgo., donde la alcaldesa tricolor y el gobernador blanquiazul acordaron dar entrada a la empresa Chemours Company, de la cual ya se ha publicado bastante respecto a los relativos beneficios y a los daños que ocasionará al medio ambiente y a la población cercana a las instalaciones de esa planta productora de cianuro de sodio, que fue rechazada en Guanajuato, y que aquí hasta hicieron fiesta para poner la primera piedra.
Arguyen las autoridades que es una medida para combatir el desempleo, y que quienes se oponen al proyecto lo hacen por intereses políticos; me pregunto, ¿qué intereses podríamos tener los que conocemos el negro historial de Chemours? ¿Por qué las autoridades no escucharon los argumentos de grupos ambientalistas? ¿Cómo van a evitar que los desechos no vayan a contaminar el medio ambiente? ¿Si no implica riesgo, por qué no la ubicaron en el parque industrial?
Para nadie es un secreto que los políticos buscan, entre otras cosas, hacer obras en “beneficio” de la gente; pero también es cierto que los políticos que autorizaron este proyecto seguirán su carrera en otras latitudes de nuestro país, y que nos dejarán aquí con la fuente contaminante y un potencial y mortal riesgo de un evento catastrófico por el amoníaco anhidro y el gas natural, materias primas indispensables para su operatividad. Al paso del tiempo la planta cerrará y dejará los desechos tóxicos, con daños irreversibles al ecosistema y en la salud de las comunidades cercanas al Ejido El 7 de Dinamita Dgo.
Eso, estimados lectores, aquí y en China se llama “manifestación de poder” o popularmente, se diría: ¡Porque lo digo Yo!, y aquí, “nomás mis chicharrones truenan”; Y yo digo: Con estos políticos, Dios nos agarre confesados.
Héctor García Pérez
Comarca Lagunera
