Ley mordaza en México.
La controvertida Ley de Seguridad Interior que ocupó tiempo y espacio considerables en medios impresos y electrónicos, después de su aprobación fast track, ir asentándose en la conformidad de la ciudadanía, que tal parece sufre el síndrome de los pueblos conquistados: luego de apaleados, se conduelen de su mísera existencia y se adaptan al nuevo sistema de vida. Ya no pelean, claudican; ya no protestan, se rinden; las aguas broncas vuelven mansas a su cauce, aunque éste sea ya con rápidos y recovecos. Así somos la mayoría de los mexicanos, por eso nos va como nos está yendo.
En este contexto, en el que ni la doctrina Estrada, ni la doctrina Tobar: autodeterminación de los pueblos; e intervención indirecta con fines humanitarios y altruismo, respectivamente, parecen quedarse al margen, gracias a los medios electrónicos y a la tecnología de punta en materia de comunicación, favoreciendo con ello las libertades y el respeto a los Derechos Humanos.
Diez organismos integran el Observatorio entre los que destacan Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; y deja abierta la puerta para otras organizaciones que puedan sumarse a este propósito. Para quien sienta que esto es una exageración, recuerde que las fuerzas armadas han estado en las calles desde que el presidente Calderón les abrió la puerta, y los resultados no han sido favorables; antes bien, se han documentado tropelías que, obviamente han quedado impunes; sin embargo, con esta ley se quiere legitimar y “regular” las acciones de los militares en el desempeño policíaco, quitando con ello la responsabilidad a los gobernadores en cuanto a seguridad pública.
La medida de militarizar el país es una medida desesperada que ha probado su ineficacia; baste recordar quiénes iniciaron el grupo de los Zetas y más recientemente, el frustrado secuestro de un empresario mexicano por siete elementos de la Marina Armada de México; y en mayo de este mismo año, la ejecución de un civil por un grupo de militares, según videos que se hicieron virales y provocaron la ira de los ciudadanos. Es un hecho que la ética y la perspectiva de militares y civiles, respecto de la dinámica social, difieren ampliamente, y que lo que para unos es bueno, para otros es malo; y consecuentemente, las decisiones repercuten en la ciudadanía. Asimismo, es cuestionable la justicia que habrá de imperar en casos de delitos del fuero común y del fuero federal; pero lo que está fuera de duda es que la Ley de Seguridad Interior no viene a combatir la impunidad, antes bien, la fortalece, toda vez que su ejercicio apoyado en el artículo 9 de la ley en comento, socava el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, bajo el argumento de “Seguridad nacional”.
Por otra parte, cabe hace notar la mordaza a la libertad de expresión que los diputados están poniendo a la ciudadanía, al modificar el artículo 1916 del Código Civil Federal, respecto a los motivos y medios para ocasionar daño moral; cambio que convierte en ilícito el hecho de publicar un meme sobre un hecho cierto o falso, que pueda causar deshonra, descredito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien. “Al buen entendedor, pocas palabras”. Así que la libertad de expresión que promovió Fox y toleró Calderón; Peña Nieto, ha decidido amordazarla, después que se “ha volvido” a resbalar en el uso de la lengua española, recientemente en una importante conferencia en París. La pregunta que se antoja es: ¿Qué tan preparada está la policía cibernética para localizar a quien suba un video cuyo contenido se haga viral? ¿Y qué pasa si lo suben en otros países, donde sí hay verdaderamente libertad de expresión?
Héctor García Pérez
Comarca Lagunera
