La transición democrática en México ha sido larga y sinuosa, el viejo régimen político se aferra a sus estructuras corporativas y encuentra otros soportes en los poderes fácticos surgidos de la transformación económica neoliberal; tal parece que la combinación de ambos factores continúan obstruyendo el empoderamiento ciudadano. Por ello hoy en día el divorcio entre las elites políticas y los ciudadanos presenta una brecha que solo se reducirá cuando los gobiernos emanados de nuestra democracia representativa promuevan y apliquen políticas que verdaderamente representen los intereses de sus gobernados, políticas ciudadanas.
En la vida del longevo régimen político mexicano ha habido dos momentos que si bien no implicaron una transición democrática, ampliaron los espacios de participación ciudadana. El primero ocurre en 1988 cuando se cae el sistema e impide el ascenso de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la república, ese régimen político sufre una fisura irreversible y reduce el monopolio del poder a la élite política que ejercía el control del aparato estatal, agregando otros actores nacionales y locales: no solo originó otro partido político nacional, también se tradujo en la alternancia en gobiernos estatales y muchos municipios, destacando la capital del país.
El otro momento fue la elección de Vicente Fox, quien ganó sobradamente y creo grandes expectativas entre los ciudadanos, pero la alternancia no significo una transición democrática y Fox termino defraudando a los mexicanos que votaron por él. Ambos procesos reflejaron los grandes intereses creados en torno al poder del Estado mexicano, ocurriendo lo que Lorenzo Meyer denominó una captura de las instituciones estatales (Nuestra tragedia persistente, 2017) por los poderes fácticos, particularmente los dueños del gran capital, con su expresión más degenerativa en lo que Guillermo Valdez define como captura de las estructuras de seguridad y justicia que realiza el crimen organizado (Historia del narcotráfico en México, 2013).
Es innegable que hay avances importantes, pero no son suficientes para lograr la transición democrática. Se han creado instituciones autónomas que limitan los brazos perversos del autoritarismo gubernamental, pero estos todavía inciden en los procesos de selección de sus integrantes y en su funcionamiento como se observa en el INE, el INAI o el reciente Sistema Anticorrupción y sus múltiples réplicas en las entidades federativas. Los procesos de ciudadanización de la política no pueden consolidarse y tienen que navegar con dificultades en el entorno de ese viejo régimen político.
También a nivel local se han presentado cambios, las alternancias en estados y municipios indican que nuevos actores sociales y políticos se involucran en los asuntos públicos ante la incapacidad de los gobiernos de atender las demandas ciudadanas en diferentes ámbitos del espacio público local. A la par de los movimientos que aparecen décadas atrás producto de los rezagos sociales acumulados en aquellos lugares marcados por el atraso económico y la desigualdad económica y social, o la amenaza sobre sus recursos naturales que emprenden empresas privadas y el crimen organizado, sobre todo en el centro y sur del país, surge una mayor participación ciudadana concentrada en centros urbanos donde creció la clase media, a través de organismos de la sociedad civil que expresan sus opiniones y se involucran en la gestión de dichos asuntos.
Tal parece que es a nivel local, particularmente a nivel municipal, donde surgen condiciones para que emerja una mayor participación ciudadana, tal es el caso de Torreón, donde una ya presente clase media que intermitentemente incidió en los procesos electorales, en la alternancia en el gobierno local, recientemente se involucra más en otros asuntos públicos: la inseguridad, la falta de inversión y el desempleo o un empleo precario, la corrupción e impunidad, el deterioro del ambiente, el déficit de gestión en servicios públicos, entre otros.
Esa participación ciudadana ocurre mediante la formación de grupos y organismos de hecho o adoptando las figuras asociativas que permite nuestro marco legal, pero se enfrenta a la inexistencia de mecanismos formales a través de los cuales se canalicen las demandas y propuestas que generan sus respectivos colectivos o comunidades. Tal vacío la limita y provoca que tome diferentes cauces, operan como grupos de presión sin válvulas formales suficientes que le den cauce y contribuye a su fragmentación acorde con la diversidad de asuntos que le dan origen.
El año pasado la administración municipal, en el seno del Cabildo, se elaboró un Reglamento de Participación Ciudadana con el propósito de reformar los mecanismos existentes, ya caducos y por tanto insuficientes para dar respuesta a dicha expresión ciudadana, la cual, si bien aún es incipiente reúne una masa crítica de personas, algunas vinculadas a los partidos políticos y otras con autonomía de estos; lamentablemente, ese proyecto quedó en el tintero, fue hecho a un lado ante el proceso electoral.
Las condiciones actuales existentes en este municipio son una oportunidad para que aquellos políticos locales que tengan mayor vocación democrática, dentro y fuera del gobierno municipal, amplíen los espacios y mecanismos que canalicen esa participación ciudadana, un camino adecuado para mejorar la democracia local y un ejemplo para otros municipios vecinos o del norte de México. Estamos ante una Sociedad Civil local emergente que puede contribuir a una mayor gobernanza en esta municipalidad, ante una oportunidad de reducir la brecha entre gobernantes y ciudadanos, por ello hay que retomar, antes de que el próximo proceso electoral permee la percepción del espacio público, aquel proyecto de Reglamento de Participación Ciudadana. En las siguientes colaboraciones abundaremos en esto.
