La administración estatal de Rubén Moreira (2011-2017) no justificó ni comprobó 410 millones de pesos destinados al pago de bienes y servicios de diferentes empresas, de acuerdo con un informe especial elaborado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a petición del Congreso del Estado. (ARCHIVO)
La administración estatal de Rubén Moreira (2011-2017) no justificó ni comprobó 410 millones de pesos destinados al pago de bienes y servicios de diferentes empresas, de acuerdo con un informe especial elaborado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a petición del Congreso del Estado.
En el punto de acuerdo solicitado el 27 de septiembre de 2016 por la bancada del opositor Partido Acción Nacional (PAN), se pidió a la ASE la revisión a las empresas consultoras del Poder Ejecutivo estatal, derivado de la publicación del pago millonario a presuntas empresas "fantasma" por parte del gobierno de Coahuila.
Algunas de estas empresas fueron relacionadas con exfuncionarios del gobierno de Moreira, como María Esther Monsiváis, exsecretaria de Infraestructura, quien sería la propietaria de la firma Riviera y Álamo.
En el informe la ASE señala que derivado de la falta de comprobación y documentación, "así como información insuficiente para la justificación del pago o contratación de las empresas, se desprenden 179 observaciones por el incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, o de otras disposiciones normativas, (y) se integran 136 observaciones que en suma dan la cantidad de 410 millones de pesos.
La ASE desglosa las observaciones de 13 empresas que el gobierno del Estado contrató para la prestación de distintos servicios y en algunos casos señala que no se comprobó la solvencia económica ni la capacidad para la prestación del servicio y aún así fueron contratadas.
Al final el informe señala que las secretarías de Finanzas y de Fiscalización "aportaron insuficiente comprobación y justificación de las transacciones sujetas a revisión, por lo que esta Auditoría Superior no tiene elementos de juicio para emitir una opinión favorable acerca del uso y destino de los recursos públicos por un valor de $410,061,771.56".
El exdiputado local del PAN Jesús de León Tello dijo ayer en rueda de prensa que el informe "confirma que se desvió esta cantidad de recursos importantes del gobierno del Estado por parte del exgobernador Rubén Moreira".
Aseguró que su partido presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, pues dijo que los recursos "pueden ser utilizados en la campaña del precandidato José Antonio Meade, por eso el nombramiento del exgobernador como secretario de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional".
También pidió que se cite a declarar "de forma inmediata al exgobernador y se inicien las medidas precautorias para que no vaya a eludir la aplicación de la justicia".
Por su parte, el diputado local Gerardo Guardado, también panista, dijo que desde el Congreso exigirá saber a dónde fue a parar el recurso y pidió "todo el peso de la ley" a los culpables.
Actualmente existen dos denuncias penales por el caso de las presuntas empresas "fantasma"; una fue presentada por el entonces secretario de Finanzas, Ismael Ramos, en octubre de 2016, y otra por el senador panista con licencia Luis Fernando Salazar en septiembre del mismo año.
