La elección en el pantano
El proceso electoral que se encuentra en marcha representa un desafío de proporciones nunca antes vistas en la historia reciente de México. Múltiples factores hacen de la elección del primero de julio de 2018 un acontecimiento que no sólo pone a prueba ese galimatías que es la democracia electoral mexicana y sus instituciones, sino a la República entera. Más allá de la valoración del Instituto Nacional Electoral (INE), que considera que este proceso será el más grande, caro y complejo de cuantos hemos vivido, existen otros ingredientes que incrementan considerablemente el nivel de dificultad y la magnitud del reto.
La última reforma electoral obligó a las entidades federativas a empatar por lo menos una elección local con la federal, con el objetivo de disminuir costos y eficientizar recursos humanos y materiales. Es por eso que, como nunca antes, en la jornada del primero domingo de julio estarán en juego más de 3,400 cargos de elección popular, 60 por ciento más que en 2012. Además de los comicios federales para renovar presidencia y congreso, habrá comicios locales en 30 estados. Todo esto costará en total la friolera de 24,200 millones de pesos, presupuesto asignado para el INE en 2018.
Las cifras mencionadas dan apenas una primera idea de la magnitud del reto en materia de operación. A lo anterior hay que agregar que será la primera elección en la que podrán participar candidatos independientes a la presidencia de la República y al Senado. También será el primer proceso en el que los alcaldes y diputados locales en turno podrán reelegirse. Este hecho por sí mismo representa un desafío para los árbitros electorales, sobre todo en el caso de los ayuntamientos, ya que los ediles podrán hacer campaña sin solicitar licencia al cargo, algo que ocurre desde hace tiempo en otros países, incluso a nivel de presidencia, pero que en México representa una novedad que puede generar más impugnaciones que las de costumbre.
Mención aparte merece el tema de la fiscalización de los gastos de campaña, que en las pasadas elecciones estatales de Coahuila y Estado de México fue la manzana de la discordia, sobre todo en el caso del primero. La reforma constitucional que abre la puerta a la anulación de los comicios en caso de que un candidato ganador rebase 5 por ciento el tope de gastos de campaña y su diferencia respecto al segundo lugar no sea mayor de ese mismo porcentaje, ha otorgado una relevancia extraordinaria a los mecanismos de fiscalización y sus normas. El estira y afloja que observamos en el caso de la elección de Coahuila, con el INE y Trife aplicando criterios diferentes y la consecuente duda legítima y razonable sobre la resolución del tribunal, es un adelanto de lo que pudiera ocurrir luego del 1 de julio. La incertidumbre sigue existiendo sobre todo en los gastos aplicados en redes virtuales, en donde la regulación es aún laxa y sujeta a interpretación.
El clientelismo en su modalidad de compra de votos es uno de los vicios que se arrastran desde hace décadas. El fenómeno no sólo no ha podido ser acotado con las reformas a las leyes, sino que se ha multiplicado al grado de que si antes el PRI gozaba del monopolio de esta práctica, hoy es difícil encontrar partido que no lo haga. Y es posible que las dádivas a cambio de sufragios inunden la elección en curso, luego de que el Trife avaló que los institutos políticos repartan tarjetas de programas sociales como "propaganda electoral", lo cual abre la puerta a la recolección de datos personales con fines de coacción del voto.
Las elecciones en México serán como nunca observadas desde el exterior, luego del incremento de las denuncias sobre la posible injerencia del Kremlin en comicios de otros países, entre ellos, Estados Unidos. El fin de semana, el general McMaster, consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, afirmó que el gobierno estadounidense está preocupado porque ha percibido señales iniciales de intervención de Rusia en los comicios presidenciales de México. La injerencia sería a través campañas de subversión, desinformación y noticias falsas, un fenómeno que ha crecido en este país independientemente de la mano de Putin. Pero Rusia no es el único agente interesado en intervenir, hemos visto también a organismos trasnacionales emitiendo juicios a través de sus medios subsidiados sobre la pertinencia de votar por uno u otro aspirante.
Por último está la violencia, omnipresente en México desde hace una década y que en los últimos meses se ha recrudecido y golpeado incluso a la política, con el asesinato de más de una docena de aspirantes o representantes populares desde 2017. Además, la violencia contra periodistas y activistas de Derechos Humanos no cesa. Amplios sectores del país están sumidos en una descomposición sin precedentes en materia de seguridad, por lo que surge la incógnita sobre cómo se va a llevar a cabo la elección en esos lugares en donde no existen garantías de ningún tipo, y quién observará su adecuado proceder. Tal vez éste sea el factor más negro de la elección en el pantano que se avecina.
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