La invasión de predios privados en el Parque Industrial Mieleras no sólo es el primer gran reto al que se enfrenta Jorge Zermeño como alcalde de Torreón, sino también Miguel Riquelme como gobernador de Coahuila. De la forma en la que resuelvan este problema, más allá del desalojo de los terrenos, depende el éxito o fracaso que puedan tener los programas de desarrollo económico e industrial de ambos gobiernos. La confianza de los inversionistas en la capacidad de las autoridades para hacer valer el estado de derecho y la defensa de la propiedad es lo que está en juego.
No se trata sólo de un caso de apropiación ilegal de un terreno particular, lo cual ya de suyo es preocupante. El asunto cobra mayor trascendencia debido a que el área invadida se encuentra en la reserva territorial para uso industrial más importante de La Laguna. Las últimas grandes inversiones del sector económico secundario en Torreón han encontrado espacio en dicho lugar, una zona que ha sido impulsada por la Iniciativa Privada regional y promovida por los gobiernos locales y estatales. El fin de la larga sequía de capital en la comarca se debe en parte a la disponibilidad de tierras para el asentamiento de industrias.
Es por ello que la reacción de los grupos empresariales no es exagerada. Fomento Económico de La Laguna (Fomec), la Asociación de Colonos de la Zona Industrial Mieleras, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y el Grupo Empresarial Lagunero (GEL) han visto en la invasión un signo inequívoco de debilidad del estado de derecho requisito básico para el sano desarrollo económico y la creación de empresas. Porque ¿qué incentivo se le puede ofrecer a un inversionista si no es posible siquiera garantizar el derecho de propiedad?
Es cierto que si bien no debe soslayarse la necesidad que tienen algunas de las familias invasoras de contar con una vivienda, tampoco debe ignorarse la realidad política que hay detrás de la acción. Por los antecedentes de hace 15 años, en la invasión de terrenos del antiguo ejido Zaragoza, y por lo observado en la actual ocupación, iniciada un día después de la toma de protesta de Jorge Zermeño como alcalde, es evidente que se trató de un movimiento planeado con un trasfondo político. Arriba de los líderes que mueven a las familias, para su propio provecho, hay operadores con información privilegiada que les permite orquestar acciones de este tipo.
Más allá del partido o los partidos -según el alcalde Zermeño sólo hay priistas involucrados, pero según el gobernador Riquelme, además de gente del PRI también hay del PAN- es necesario que las autoridades actúen con firmeza, inteligencia y sensibilidad. El desalojo de los terrenos, realizado ya el domingo a primera hora por policías estatales, es apenas el primer paso. Para evitar que hechos como éstos se vuelvan a presentar es necesario que se identifique e investigue a quienes promovieron, instigaron y encabezaron la invasión y, a la par, ofrecer una solución de fondo a las familias que en verdad tienen una necesidad de vivienda.
