Columnas la Laguna

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 29

PANORAMA 2018

TALÍA ROMERO

Arrancamos la semana, el mes y el nuevo año con entusiasmo y altas expectativas respecto al impacto que deseamos generar en nuestra región y estado a corto, mediano y largo plazo. El panorama, aún con el cambio de gobernador, alcalde y congreso, es complejo y demanda un análisis profundo de la realidad, las posibilidades y las problemáticas que habremos de enfrentar.

En Torreón empezamos el año de una administración municipal panista, encabezada por Jorge Zermeño Infante por segunda vez en la historia, esperando que los cambios prometidos en campaña y las mejoras a los servicios públicos sean evidentes en poco tiempo. En el proceso de entrega-recepción de algunas oficinas municipales al que asistimos como observadores, constatamos el desorden administrativo y material en el que se entregaron las dependencias y, aunque las autoridades actuales aún no han declarado cuál será la ruta legal para deslindar responsabilidades en algunos casos, nosotros como organización estaremos pendientes de que se garantice el derecho a la información pública al final del proceso que sigue vigente.

El nuevo presidente municipal se comprometió ante PC29 y otros organismos de la sociedad civil a realizar auditorías integrales a todas las dependencias; a promover ante el congreso del estado que los miembros del Cabildo sean elegidos por votación; a promover y a fomentar la participación ciudadana; a integrar a ciudadanos propuestos por la sociedad civil a los consejos municipales, entre otros acuerdos firmados en el Proyecto Torreón 2018 ante medios de comunicación y ciudadanía en mayo del año que recién termina, durante las campañas electorales. Estaremos en contacto con las autoridades para verificar el cumplimiento de los compromisos e informar a la ciudadanía sobre los avances en el tema.

También el gobernador Miguel Riquelme firmó una serie de compromisos plasmados en el Proyecto Coahuila 2018: desclasificar documentación relativa al origen y destino de la deuda vigente del estado; realizar auditorías financieras a las dependencias estatales; someter a los funcionarios estatales (incluido el ejecutivo) a evaluaciones periódicas de desempeño; garantizar la autonomía de los poderes legislativo y judicial, entre otros que consideramos claves para el desarrollo democrático de nuestra entidad.

Lamentablemente, la administración estatal inició con el pie izquierdo en términos del ejercicio del poder ejecutivo sobre el legislativo: Riquelme ordenó -perdón, propuso- una adición a la Ley Orgánica del Congreso del Estado que representa un reto aún mayor para la oposición que integra la nueva Legislatura. En el mes de gracia en el que el gobernador contó con su congreso de aplastante mayoría priista, se dio el lujo de presentar tantas iniciativas como fueron posibles, de las que fueron aprobadas, sin discusión o argumentación, la gran mayoría.

Por otro lado, uno de los flamantes secretarios de Estado (el de Finanzas) ya está citado a declarar ante la Auditoría Superior de la Federación por un presunto desvío de recursos durante su administración como tesorero de la UAC, Blas Flores Dávila, quien también ocupa un cargo clave dentro del cuestionado y endeble Sistema Estatal Anticorrupción como miembro del Comité de Selección, ha dicho a los medios de comunicación que es inocente y que está preparado para aclarar su situación ante la autoridad federal el próximo 22 de enero.

Inicia un año electoral en el que precampañas y campañas son difíciles de distinguir. Las instituciones encargadas de hacer valer nuestros derechos políticos y electorales terminaron un año oscuro tras las anomalías en la elección para gobernador en nuestro estado. El proceso municipal también será objeto de observancia cercana por parte de organismos de la sociedad civil ya que el PAN anunció que el actual alcalde será el contendiente para tratar de extender su período por tres años más al frente.

Lo que está en juego, según nuestra perspectiva, no serán los cargos o los colores que encabecen las instituciones a partir de éste y el año siguiente, sino nuestra capacidad como ciudadanos para participar activamente en la toma de decisiones, en el diseño institucional correspondiente, en el combate a la corrupción y la impunidad, en el fortalecimiento de los organismos civiles que señalan y proponen, para construir comunidades en donde todas y todos tengamos un espacio y garantía de respeto a nuestros Derechos Humanos.

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