Se trata de al menos 22 predios enajenados a precios sumamente inferiores, y cuyo destino tierras debió ser para desarrollo social y de vivienda; en cambio, fueron vendidas por debajo de su costo real. (EFE)
Las acusaciones que obran en la PGR contra el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por la venta irregular de terrenos, se concretaron en los municipios turísticos de Cozumel, Cancún, Puerto Morelos, Tulum y en Othón P. Blanco, entre otros.
Se trata de al menos 22 predios enajenados a precios sumamente inferiores, y cuyo destino tierras debió ser para desarrollo social y de vivienda; en cambio, fueron vendidas por debajo de su costo real.
El Instituto del Patrimonio Inmobiliario de Quintana Roo (IPAE), organismo creado a modo, vendió los predios en 238 millones 790 mil 121.98 pesos; cuando el precio real era de mil 138 millones 889 mil 540.15 pesos.
Es decir, el daño causado al erario es de 900 millones 99 mil 418.17 pesos.
El actual gobierno de Quintana Roo acusa que las enajenaciones presentan diversas irregularidades, puesto que se realizaron sin respetar la normatividad estatal y, sobre todo, se fijaron precios de venta muy por debajo del valor, que en algunos casos no llegó ni a 1%.
Uno de los terrenos en cuestión fue el adquirido en diciembre de 2013 por Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del hoy detenido ex gobernador; un terreno con casi 600 metros de playa, ubicado en la reserva territorial en Punta Francesa.
El IPAE le vendió a 137 pesos el metro cuadrado, cuando el valor comercial es de 200 dólares.
En el contrato de compraventa queda asentado el monto de la operación: 137.50 pesos por metro cuadrado; el pago total fue por 15 millones 367 mil 523 pesos y 88 centavos.
Rosa Yolanda Angulo y el IPAE convinieron que para escriturar el inmueble se pagaría 10% del valor total, es decir, un millón 536 mil pesos. Para el 6 de noviembre de 2014 los importes quedaron saldados, de acuerdo con el oficio de liberación del adeudo IPAE/ CA/ 0722/ 2014, expedido por el instituto.
Cinco meses después, Angulo Castilla cedió su terreno costero a la empresa Siyenat del Caribe, representada por Celso González Hermosillo y Melgarejo, de acuerdo con el Convenio de Cesión de Derechos y Obligaciones, fechado el 29 de abril de 2015.
