El PRI de los Moreira pretende encadenar a la mayoría de los diputados al Congreso Local, instalado el lunes pasado. Tal mayoría de oposición ofrece un freno a los abusos del Ejecutivo sin embargo, el equilibrio peligra porque en vísperas de dejar el cargo, los diputados de la pasada Legislatura dieron un albazo legislativo, que reformó para mal la Ley Orgánica del Congreso.
El resultado es una herencia envenenada del Moreirato y una imposición autoritaria en favor del gobernador actual, sobre el que de por sí pesa una sombra de falta de legitimación que en palabras del diputado del PAN Marcelo Torres, perseguirá a Riquelme durante toda su gestión.
La reforma impone a un diputado del PRI como presidente del Congreso, a despecho de que la bancada de dicho partido es minoría; establece candados que impiden a los diputados de oposición celebrar alianzas entre sí para integrar mesa directiva o legislar, y determina que las Leyes que expida el Congreso deberán de ser aprobadas por las dos terceras partes de los diputados, en contra del criterio general establecido, tanto por la Constitución del Estado como por la Constitución de la República, en el sentido de que es suficiente la mitad más uno de los votos.
Algunos de los nuevos diputados anuncian que impugnarán ante los tribunales la reforma y será bueno que lo hagan si así lo ha decidido, sin embargo, la judicialización del caso no es necesaria en sentido estricto. Los mismos diputados por mayoría simple, en virtud de la representación soberana que ostentan y en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad al que están obligados, pueden de propia autoridad revertir la reforma. Lo anterior porque la Ley Orgánica del Congreso establece las reglas internas de la Legislatura y por ende, corresponde a la mayoría de diputados darse esa Ley conforme al artículo 70 de la Constitución de la República, que dice que la referida Ley en particular no puede ser vetada por el Ejecutivo, ni requiere ser promulgada para ser vigente.
La opinión que antecede también está fundada en los artículos 2 fracción II y 62 bis de la Constitución del Estado. El primero dispone que la Soberanía reside en el Pueblo de Coahuila, el cual la ejerce por medio de los Poderes Públicos; el segundo numeral en cita establece que toda Ley debe ser aprobada por simple mayoría salvo algunos casos de excepción, entre los cuales no está la Ley Orgánica del Congreso.
Todo nuestro sistema democrático está encaminado a generar mayoría en los órganos legislativos por medio de acuerdos parlamentarios tomados sin limitación alguna, por lo que las reglas que en Coahuila ponen trabas a la concertación entre las diversas fuerzas políticas, para beneficiar al PRI, son contrarias a la Constitución. La reforma en mención entraña una doble perversa estupidez, en la medida en que somete a la mayoría de los diputados a una Ley Orgánica cuya creación es facultad de ellos mismos y por añadido, es inconstitucional de por sí.
En otras palabras, los diputados de Coahuila que tomaron posesión el lunes pasado, como depositarios del Poder Soberano que recibieron en las urnas, no tienen necesidad de acudir a ningún tribunal para devolver la Ley Orgánica a su texto anterior y elegir una mesa directiva incluyente y plural.
La osadía que supone esta reforma que atenta contra la esencia de las instituciones, se explica en la pretensión priista de "coahuilizar" a México, de cara al proceso electoral de este año. El llamado Nuevo PRI sigue utilizando a Coahuila como laboratorio de sus peores mañas, sentando precedentes en los que los Moreira han actuado impunemente como lacayos de un poder superior, ensayando estrategias antidemocráticas y hasta criminales, que después son replicadas en otros Estados e incluso a nivel Federal.
Como botones de muestra están la contratación ilícita de deuda pública; el desvío sistemático de recursos para fines electorales; la violación creciente de los Derechos Humanos y en fecha reciente, la elección fraudulenta que impuso como gobernador a Miguel Riquelme, en la que el régimen priista sin ningún rubor, arrastró por el fango al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
