En riesgo. Organizaciones no gubernamentales recordaron que fueron ejecutados 34 defensores de derechos humanos. (AGENCIA REFORMA)
En el arranque de un año marcado por las elecciones presidenciales y la renovación de 9 Gubernaturas, decenas de organizaciones no gubernamentales advirtieron que el 2018 será decisivo para la defensa de los derechos humanos en México, por lo que prevén tensiones más allá de lo electoral.
En un pronunciamiento, integrantes de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) y de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra consideraron el 2017 como el peor de los últimos 20 años en materia de violencia.
"La disyuntiva entre un Estado violador de derechos humanos y uno que está diseñado para fomentar la corrupción y la impunidad se resolverá no sólo en lo electoral", señalaron 83 organizaciones civiles.
"La efervescencia civil no será espectadora del reparto de los botines, procesos como #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra son ejemplos de ello. La sociedad expresará con claridad sus posiciones y ello nos llevará a tensiones previsibles más allá de lo electoral".
En un recuento del saldo de 2017, recordaron que fueron ejecutados 34 defensores de derechos humanos y se registraron más de 23 mil homicidios.
"Mientras las promesas de justicia que conducen a una #FiscalíaQueSirva se mantienen latentes y expectantes, la violencia legislativa de la imposición de la Ley de Seguridad Interior ignora nuestra exigencia de una #SeguridadSinGuerra. En este contexto, somos dirigidos peligrosamente al precipicio de los derechos suspendidos, donde un Estado opaco y escandalosamente impune exige que confiemos a ciegas en él", alertaron.
Organizaciones como el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de Guerrero; el Centro Fray Bartolomé de las Casas, de Chiapas, y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), entre otras, expusieron que derogando la Ley de Seguridad Interior e impulsando una Fiscalía autónoma, se podrá dar un cambio real en la materia.
Además, respaldaron las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en particular la referente a la creación de un Consejo Civil Contra la Impunidad.
"Estamos convencidos del poder transformador de los derechos humanos y sostenemos que es la lucha que queremos dar, sobre todo, ante la decisión de Estado de legalizar el autoritarismo y la amenaza latente de continuar socavando el Estado de derecho", indicaron.
