Con nervios de acero... y miedo actúan el tricolor y la administración. Algo de incuria y temor nutre su altanería y arrojo.
El alma de esa actitud contradictoria se explica en la angustia que les provoca imaginarse, de nuevo, fuera de la residencia de Los Pinos sin poder justificar el desalojo y, además, verse obligados a rendir cuentas de lo hecho y deshecho durante el sexenio, sobre todo, tras incorporar la cárcel como parte de la arena política.
Por eso, el engreimiento y la inseguridad. Firme el titubeo.
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De lo acontecido durante el año no puede ignorarse cómo muchas de las acciones, omisiones y reacciones de la administración y su partido partieron del ansia de prevalecer a como dé lugar o, bien, de tomar providencias ante lo que podría ocurrir si son desplazados. En más de un ámbito, la conducta política, administrativa, partidista o legislativa oficial no se fincó en el interés nacional, sino en la defensa del grupo que se hizo de Los Pinos.
Cierto, el origen de algunos problemas que impactaron al país fue externo, pero -aun en esos casos- el encaramiento oficial antepuso el interés grupal. La ansiedad por darle continuidad a su proyecto o la angustia de rendir cuentas dictó la línea a seguir en más de un asunto.
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En el campo político-electoral fue notorio el desorbitado afán de ganar echando al Estado por la ventana, así como el propósito de ensayar la estrategia a aplicar en la elección presidencial.
La autoridad electoral vio sólo en Coahuila lo que fue obvio en el Estado de México. En esa entidad, cuna del grupo hegemónico tricolor, los gobiernos federal y local no escatimaron esfuerzo ni recurso en respaldar al ungido. Se compró, presionó y coaccionó el voto a más no poder, se inventaron candidaturas "opositoras" e independientes funcionales al priismo, se buscó y consiguió fragmentar y dispersar el voto y, así, hacer de la más grande minoría electoral el aval de la permanencia en la administración. El populismo, que el tricolor dice abominar hasta enloquecer, adquirió tinte de salario rosa.
Empero, el ensayo con premio reveló la estrategia a desplegar en la elección presidencial y, prevenidos de ello, los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano impulsaron hasta integrar la alianza político-electoral que descuadró el plan oficial.
Ahí se explican la embestida contra el panista Ricardo Anaya, el intento de fracturar a Acción Nacional que aún sacude a esa formación y la crisis generada en el Congreso de la Unión. Poco importó sacrificar los proyectos legislativos pendientes.
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En el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la obligación de rendir cuentas y la remodelación del aparato de procuración de justicia, se dio marcha atrás en lo comprometido. El tricolor y la administración incumplieron a los grupos sociales interesados en esas materias, dejando sentir su desinterés por construir un calabozo que eventualmente podrían estrenar.
Así, se desarmó la Procuraduría sin armar la Fiscalía, se cesó y suplantó al fiscal electoral y, claro, se postergó la designación del fiscal y los magistrados anticorrupción. Incluso, ahora, al frente de la Auditoría Superior de la Federación quedará temporalmente otro encargado.
Una cosa es enjuiciar, extraditar o tener en fuga a ex gobernadores caídos en desgracia y otra exponerse a vivir esa situación, sobre todo, al estar en curso la indagatoria de los sobornos de la constructora Odebrecht, presumiblemente derivados a la campaña presidencial de hace seis años, o el desvío de recursos federales al PRI durante los procesos electorales del año pasado.
En ese campo no hubo duda, mejor no hacer.
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En la lucha contra el crimen, la administración no sólo bajó la guardia, también colgó los brazos.
Se aflojó el paso en la profesionalización de las policías y se abandonó el rediseño legal, administrativo y operativo de una estrategia integral de seguridad, distinta a la que ahora rompe récord en homicidios dolosos. En cambio, el Ejecutivo y el Legislativo tricolor impulsaron y aprobaron la Ley de Seguridad Interior que no crea el marco jurídico requerido por las Fuerzas Armadas para combatir el crimen, recoloca al país en la esfera de los Estados desinteresados en el respeto y la defensa de los derechos humanos y desoye a los organismos nacionales e internacionales, oficiales y civiles, que advierten del peligro de una legislación como esa.
En el colmo de la incuria, los legisladores del tricolor en coro con sus adláteres aprobaron esa ley y el Ejecutivo la promulgó sin ponerla en vigor, endosando el problema a la Suprema Corte de Justicia.
Mano firme y nerviosa.
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En algún momento será menester dilucidar qué tanto contribuyeron las posturas de Donald Trump y el rejuego preelectoral desplegado por el PRI y la administración en la volatilidad del peso, el incremento de la inflación, el estancamiento económico y la incertidumbre en la inversión.
Más allá de las respectivas responsabilidades, es innegable que la administración influyó en la inestabilidad económica al conducir, como lo hizo, la designación de su abanderado en la contienda electoral.
El trastocamiento de la relación partido-gobierno fundió y confundió tareas y responsabilidades. Problema de quienes no saben guardar distancia y, en descuido, chocan entre sí.
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La nervadura de acero en los desplantes del tricolor y la administración entrevera hilos de angustia y miedo.
EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ
Un allegado del secretario Gerardo Ruiz Esparza cuestiona por qué el Sobreaviso la ha tomado con él, cuando Luis Videgaray también debe muchas explicaciones. En efecto, al secretario de Comunicaciones le compite más de uno en el gabinete.
