La aprobación en el Congreso estatal de la propuesta que contempla el cobro de diferentes servicios en escuelas públicas, incluida en el presupuesto de ingresos, ha generado polémica y que sectores involucrados en la educación se pronuncien en contra. (ARCHIVO)
La aprobación en el Congreso estatal de la propuesta que contempla el cobro de diferentes servicios en escuelas públicas, incluida en el presupuesto de ingresos, ha generado polémica y que sectores involucrados en la educación se pronuncien en contra.
El dictamen de las comisiones legislativas de Presupuesto y Hacienda del Poder Legislativo, propuesto por el Ejecutivo Estatal, plantea que los pagos se efectuen en todos los niveles educativos.
En el artículo 26 de la ley de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, se estipula, sólo por mencionar algunos, el cobro de inscripciones, derecho a exámenes, exámenes extraordinarios, diplomas, constancias registro de título, entre otros.
Según el gobierno del estado, con esta medida recaudarán en 2018, cerca de 23 millones de pesos en nivel básico como parte de "un proceso responsable y apegado al marco legal para regularizar su manejo".
La Secretaría de Educación señaló que la incorporación de productos y servicios educativos en el proyecto de la Ley de Ingresos del Estado no constituye cobros nuevos. Argumentó que obedecen a un proceso de regularización de ingresos propios que se han aplicado desde la misma creación de la Secretaría de Educación local.
Sin embargo, esta carga tributaria tendrá que ser pagada por los padres de familia o tutores, destacó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al manifestó afuera del Poder Legislativo.
Acompañada de empleados y profesores de la Universidad Michoacana, el ala magisterial disidente exigió a los legisladores echar abajo esta propuesta "que acaba con la gratuidad de la educación".
Víctor Manuel Zavala Hurtado, líder de la Sección 18 de la CNTE, acusó que el Estado ya le quitó a los mexicanos los recursos naturales, las conquistas laborales y ahora le arrebata a los ciudadanos el derecho humano a la educación.
"Se habla de una ley reglamentaria de autogestión donde pasan todos los gastos a los padres de familia. Efectivamente no es nuevo, pero ahora lo están legalizando y es una situación que no vamos a permitir", advirtió.
Por su parte, la organización Mexicanos Primero Michoacán A.C. pidió a los legisladores que revisen pronta, detalladamente y con sensibilidad social el documento.
Mexicanos Primero manifestó a los diputados locales que corrijan estos conceptos inaceptables contenidos en la misma Ley de Ingresos, ya que su artículo 26 atenta en múltiples rubros contra el derecho a aprender de más de un millón de niños y jóvenes michoacanos.
La asociación civil indicó que si bien la crítica situación financiera del sistema educativo michoacano es del dominio público, la solución no está en imponer contribuciones a los más necesitados. Por el contrario, argumentó, se le debe brindar a la ciudadanía las mejores condiciones para el aprendizaje y mejorar el ejercicio del gasto público.
