(EL SIGLO DE TORREÓN)
La renuncia “irrevocable” de Antonio Gutiérrez Jardón a la Secretaría de Desarrollo Económico de Coahuila ha reactivado los cuchicheos sobre su posible participación en las elecciones de 2018. Don Toño fue uno de los funcionarios consentidos del exgober Rubén Moreira, ya que en cualquier acto lo presumía como “el mejor secretario” en su ramo que la provincia había tenido. Para avalar su dicho, don Rubén ponderaba las cifra “histórica” de generación de empleos, aunque nunca mencionaba, obviamente, la calidad de los mismos. El exfuncionario de origen torreonense publicó ayer en su cuenta de Facebook un mensaje en el que comunica su decisión de presentar la renuncia, agradece la confianza al gober Miguel Riquelme y de paso lanza una frase que dejó pensando a varios sobre las razones de su salida y su futuro político, a saber: “seguiremos buscando aportar nuestro granito de arena por un mejor Torreón”.
Como recordará usted, memorioso lector, don Toño ha sonado como posible candidato a la alcaldía de Torreón desde el año pasado y con esto nuevamente comienza a colocarse dentro de la lista de los posibles, luego del fracaso de Miguel Mery, aunque éste también quiere repetir. Dicen algunos observadores de la cosa pública que el mérito de Gutiérrez es ser bien conocido entre un sector de los ipecos, que suelen tener una buena opinión del alcalde electo Jorge Zermeño, quien sería el rival a vencer en julio de 2018, si es que a los panistas no se les hace bolas el engrudo como parece ser su costumbre. Pero en caso de que el exsecretario no quedara como candidato a la alcaldía, dicen bien pudiera pelear una diputación por alguno de los dos distritos de Torreón. Lo cierto es que el ambiente ya se está calentando de cara al proceso del próximo año.
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En donde dicen que “alguien” está haciendo su agosto en pleno diciembre es en el ayuntamiento de Torreón que está por cambiar de timoneles. Nuestros subagentes disfrazados de escritorios nos comentan que la venta de plazas sindicales está a todo lo que da con miras al cierre de administración. Según cuentan, hay una larga fila de recomendados que espera ganarse la rifa para ser llamados a ocupar un sitio en la estructura municipal con todas las prestaciones y sin la incertidumbre de los empleados de confianza que se van junto con el gobierno. Las versiones que corren son de que las plazas pueden llegar a cotizarse hasta por arriba de los 120,000 pesillos, lo cuales deben ser entregados en efectivo y en una sola exhibición a los líderes del sindicato. Pero no sólo es un asunto del gremio, ya que todo esto ocurre con la venia de las autoridades salientes, las cuales se supone que están en pleno recorte de personal para dejar la nómina ajustada a lo que habían prometido, aunque de antemano se sabe que esto no será posible, mucho menos con esa estrategia de incorporación exprés. Este asunto seguro va a generar problemas al inicio de la administración, o así lo prevén incluso los propios “contratantes” ya que estos les están informando a los recién contratados que se presenten el primero de enero a primera hora por si hay que hacer montón para defender sus plazas. En fin, curiosos enjuagues que pasan en los cambios de administración.
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El que sigue defendiendo “sus obras”, pero ahora desde la Secretaría de Infraestructura, es Gerardo Berlanga Gotés, exdirector de Obras Públicas de Torreón. Pero no crea que lo está haciendo sólo contra la Ingrata Opinión Pública o la Incómoda Prensa, sino también contra la propia administración municipal a la cual hasta hace poco pertenecía. Y es que el fin de semana pasado, el ayuntamiento encabezado por Jorge Luis Morán emitió un comunicado en el que decía que el polémico y recién inaugurado Teleférico iba a frenar su operación durante varios días debido a “labores de mantenimiento preventivo”. La información, por supuesto, generó suspicacias ya que no fueron pocos los que pensaron que cómo iba a ser que ya necesitara mantenimiento un transporte que apenas acaba de ser puesto en operación. Fue entonces que don Gerardo salió para “corregir” al ayuntamiento para informar que no se trataba de labores de mantenimiento, sino de un “protocolo de seguridad”. Claro que esto no despejó la duda de los malpensados, quienes ya la piensan dos veces antes de subirse a la bendita obra que lleva al Santuario del Cristo de las Noas. Y a propósito de Berlanga, se ha dado a conocer ya que su dependencia estatal va a recibir en 2018 unos 500 millones de pesillos más que lo que recibió la cartera de Infraestructura este año. Lo que se preguntan los maldicientes es si “ahora sí” invertirá todos los recursos para terminar las obras que tiene pendiente en Torreón, sobre todo el pavimento que cada vez está peor, para llorar.
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En las vecinas tierras de los alacranes cuentan que al secretario de Desarrollo Económico del Estado, Ramón Dávila Flores, le gusta eso de acaparar los reflectores cuando se trata de hacer declaraciones espectaculares o que generen un impacto mediático, aunque no tanto cuando se trata de atender cuestionamientos sobre el escaso desarrollo de proyectos de inversión para La Laguna de Durango. De ahí que, recientemente, le generó, digamos, incomodidad que su jefe, el mismísimo gober José Aispuro Torres diera a conocer que está en puerta una millonaria inversión de una empresa que pretende instalarse en terrenos del poblado de Dinamita, en el municipio de Gómez Palacio, con cuyos empresarios mantiene negociaciones que habrán de concretarse hasta el próximo año. Y es que don Ramón no quiere verse superado ni siquiera por el mismo gobernador, aunque en realidad tiene poco conocimiento de La Laguna y a esto se debe la escasa intervención de la dependencia estatal en proyectos que impliquen inversión y desarrollo para esta zona del Estado, la cual sigue muy por debajo en el orden de prioridades de los funcionarios provenientes de la capital duranguense. Tal vez por su trabajo, digamos, poco activo, es que tenga que ser el propio “Güero” Aispuro el que ande haciendo los amarres para las nuevas inversiones.
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Y ya entrados en Durango, cuentan los subagentes disfrazados de alacranes de la capital que una de las diputadas locales que suspiran por obtener una curul en el Congreso de la Unión es la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Jiménez, quien recientemente criticó a las autoridades lerdenses por andar de “cobronas” con su propuesta inicial de Ley de Ingresos. El asunto es que al parecer tiene mal asesor y dicha crítica podría resultarle contraproducente a la legisladora estatal, toda vez que Dagoberto Rodríguez, quien actualmente es asesor de toda la bancada panista en el Congreso, como que no le queda mucho eso de señalar que en Lerdo se cobran recursos de forma injustificada. Y es que hay que recordar que don Dagoberto, quien fue contralor en la administración municipal de la hoy contralora estatal Rosario Castro Lozano en el periodo 2004-2007, podría ser el responsable de causar un daño mayor a la ciudadanía en términos de servicios y obra pública básica para 2018. Resulta que el hoy asesor de los diputados del PAN es uno de los que demandó al ayuntamiento junto con otros 80 extrabajadores por despido injustificado, y durante 10 años se sostuvo en este afán hasta que este mismo año llegó a un acuerdo con el Municipio de Lerdo al ver que en su caso particular la demanda no prosperaría. Los subagentes disfrazados de caja registradora de la presidencia lerdense que al final don Dagoberto se tuvo que conformar con 50,000 pesillos y no con los millones de pesos que actualmente piden los otros demandantes gracias a que por azares de la vida y a la postergación irresponsable de resolver legalmente este asunto por parte de cada administración posterior, obtuvieron un incremento que duplicó y en otros casos triplicó el sueldo base que tenían apenas unos meses antes del término de dicha administración en 2007, esto como mera travesura para la administración que en ese entonces iniciaba el priista Carlos Aguilera. Ahí esta pues que la demanda ya va en 130 millones de pesos que ninguna deidad gubernamental y menos las del Palacio Municipal tienen idea de dónde van a sacar para pagar a los extrabajadores demandantes, a menos que le quiten recursos a programas, servicios y obras. O sea que ¿quién termina dañando más?
