Sobre el 'ejército policía'

La consumación de la legalización de la presencia de las Fuerzas Armadas en México en labores que corresponden a las policías civiles, bajo el concepto de "seguridad interior", se da en el marco de condiciones políticas similares a las de hace 11 años. En diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón, del PAN, tomó la decisión de usar a las instituciones castrenses en el combate al crimen. Una acción que el gobierno en turno llamó guerra contra el narcotráfico, aunque luego el término fue diluido por el propio discurso oficial.

Calderón había arribado a la máxima magistratura del Estado tras la elección más disputada en la historia reciente de México y en medio de señalamientos de presunto fraude. Su legitimidad, en consecuencia, era acotada. No son pocos los analistas que consideran que la medida respondió más a motivaciones políticas que a razones de seguridad. De acuerdo con esta visión, al panista le urgía obtener legitimidad y ampliar su margen de maniobra, y para ello aplicó una estrategia que a lo largo de la historia ha sido usada por gobernantes que buscan fortalecer sus figuras a partir de la guerra.

En la retórica belicista existen buenos y malos, y dentro de esta dicotomía se aplica la lógica de "quien no está conmigo, está contra mí". Así, lo que se pretende es forzar la unidad en torno a la lucha contra el "enemigo". El problema es que, en el caso que nos ocupa, el enemigo no estaba fuera, sino dentro, incluso de las propias instituciones. Según su discurso, Calderón buscaba acabar con el crimen y su violencia, y su vía fue usar sólo la violencia del Estado, no la ley y la justicia a través del fortalecimiento de los cuerpos civiles de seguridad. El resultado está a la vista: cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. Fractura social.

El actual presidente, Enrique Peña Nieto, del PRI, que llegó al poder con un poco más holgura que su antecesor, pero también en medio de cuestionamientos de presunto fraude, intentó cambiar sólo en el discurso. Puso el tema de la seguridad pública en segundo plano de su agenda, pero mantuvo intacta la estrategia de usar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado. Nuevamente el resultado habla por sí solo: ni la violencia ni la delincuencia han retrocedido, incluso han aumentado. Más fractura social.

Hoy, 11 años después de la controvertida decisión de Felipe Calderón de hacer del Ejército y la Marina policías de facto, cuando no estaban facultadas ni capacitadas para serlo, Peña Nieto impulsa una medida para legalizar y perpetuar la presencia de las instituciones castrenses en dichas labores. Y lo hace también en un contexto de escasa legitimidad para su gobierno, con los índices más bajos de aprobación ciudadana y una corrupción rampante, y a escasos siete meses de que se lleve a cabo la elección federal de la que saldrá el próximo presidente de la República.

Especialistas en seguridad y Derechos Humanos han observado que la sustitución de las policías por las Fuerzas Armadas ha creado un círculo vicioso en el cual las autoridades civiles de estados y municipios han dejado de hacer su trabajo a la espera de que lo haga el Ejército o la Marina. Esto implica descuidar la capacitación y el fortalecimiento de sus cuerpos policiales, a pesar de la ingente cantidad de recursos invertidos en ello, inversión que merece, dados los magros resultados, una auditoría profunda para explicar en qué y cómo se gastó el dinero.

Además, el alto índice de letalidad de soldados y marinos, tal vez necesario en una verdadera situación de guerra, no sólo ha hecho más profundas las heridas sociales abiertas por la violencia, sino que ha mermado el estado de derecho y ha propiciado la comisión de abusos. El orden constitucional prevé para los delincuentes un arresto, un juicio y, en su caso, una condena, no una ejecución extrajudicial, como ha ocurrido en situaciones que se han documentado. La hipótesis de que la violencia del Estado sólo ha reproducido más violencia se fortalece cada día.

Aún así, y contra todas las advertencias de asociaciones civiles nacionales y organismos internacionales -incluida la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-, el Congreso de la Unión aprobó el viernes pasado la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto. La Ley de Seguridad Interior, para la cual sólo falta su promulgación, establece conceptos ambiguos que abren la puerta a la discrecionalidad en el uso de la fuerza; carece de controles externos y mecanismos eficientes de transparencia y rendición de cuentas, y desincentiva el mejoramiento de las instituciones civiles de seguridad, de acuerdo con la opinión de la ONU. En suma, limita el poder civil frente a la fuerza militar y propicia la comisión de abusos sin que éstos puedan ser investigados y castigados.

Muchos se hacen la misma pregunta hoy: ¿por qué? ¿Por qué aprobar en estos momentos una ley que atenta contra la esencia republicana y democrática de subordinación del mando militar a la autoridad civil? ¿Por qué impulsar una normativa que abre espacio a la represión? Las respuestas son variadas y se siguen discutiendo.

Una de ellas tiene que ver con los antecedentes inmediatos a la gestación de la ley. No se debe olvidar que desde el sexenio pasado se han venido exponiendo a la luz pública casos de integrantes de las Fuerzas Armadas que matan a supuestos delincuentes en condiciones cuando menos dudosas. Esto ha representado un evidente golpe a la imagen de las instituciones castrenses, que se han visto exhibidas en una tarea para la cual no están facultadas ni preparadas.

A raíz de los casos evidenciados, ha sido exigencia de los altos mandos castrenses contar con un marco legal que dé certidumbre al actuar del Ejército y a la Marina en labores de seguridad pública. El resultado de dicha exigencia es la norma que hoy está a punto de entrar en vigor. Así, los poderes Ejecutivo y Legislativo están blindando a las Fuerzas Armadas del escrutinio y control públicos, lo cual es muy peligroso. Pero también merece la pena preguntarse si es ésta la única motivación o si hay, como hace 11 años, un trasfondo más político.

Por último, para quienes no están de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior quedan dos caminos: uno, exigir al presidente de la República que ejerza su derecho de veto, lo cual se antoja difícil, puesto que él fue quien impulsó la iniciativa; y dos, promover recursos de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Corregirá el Poder Judicial lo hecho por el Ejecutivo y el Legislativo?

(Esta columna volverá el lunes 8 de enero de 2018)

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