Por si faltara un ingrediente al caldo de cultivo de la incertidumbre con la que se observa 2018 para México, el Congreso de Estados Unidos consumó este fin de semana la rebaja de impuestos más importante en la historia reciente de ese país. En lo que representa el primer triunfo sólido de Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca, la tasa de impuesto para las empresas se reducirá de 35 % a 21 %, lo cual implica un aumento de la competitividad para el capital y una drástica disminución de los ingresos del gobierno. Pero ¿en qué afecta a México esta medida?
No existe todavía un consenso claro sobre los efectos que la reforma fiscal de Trump tendrá en la economía mexicana. Los analistas más preocupados establecen que la consecuencia inevitable de la rebaja de impuestos en Estados Unidos será una fuga de capitales originarios de ese país, ya que para los inversionistas será más atractivo dejar su dinero y empresas de aquel lado de la frontera que en México, altamente dependiente de la economía norteamericana. No obstante, las opiniones más conservadoras apuntan a que esto no necesariamente ocurrirá, puesto que la mano de obra barata de nuestro país compensa aún con creces la rentabilidad por la disminución tributaria.
Y según la visión que se adopte es la solución que se propone. Para el sector patronal mexicano, que se ubica en la postura de preocupación, el gobierno de la República debe replicar la medida de Trump e impulsar en el Congreso una reforma fiscal que disminuya el impuesto sobre la renta. Para compensar la consecuente reducción de ingresos, debería plantear la ampliación del impuesto al valor agregado cuidando proteger a los hogares con menos ingresos. Para el sector bancario, más conservador, sería irresponsable hacer lo mismo que Estados Unidos, ya que se puede hacer uso de las herramientas del coste laboral bajo y un tipo de cambio a la baja, con lo cual se puede mantener la ventaja competitiva para los inversionistas, en lo que se discute la creación de un nuevo sistema fiscal.
Otros analistas creen que, incluso aplicando la segunda solución, tarde o temprano será necesario que México lleve a cabo la gran reforma fiscal pendiente. Una reforma que grave con tasas mayores el consumo de productos de lujo y de grandes bienes muebles e inmuebles, y aligere los tributos para las empresas, principalmente las micro y pequeñas, y para el trabajo, en especial para los que menos remuneraciones reciben. A la par, es necesario un cambio radical en el ejercicio del gasto público, en donde la eficiencia y productividad sean los ejes rectores. Los presupuestos deben reducir considerablemente el gasto corriente e incrementar sustancialmente la inversión en infraestructura, educación, ciencia y tecnología.
Sea o no un riesgo inminente e inmediato para México la reforma fiscal de Trump, lo que queda claro es que nuestro país no puede permanecer impasible, mucho menos cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte está en peligro de ser cancelado. La coyuntura cambiante del escenario internacional debe motivar al gobierno mexicano a actuar con responsabilidad y sagacidad. Pero la batalla electoral que se avecina, no permite abrigar muchas esperanzas. Lo más probable es que le toque al futuro gobierno hacer frente al dilema. ¿Estarán preparados los aspirantes para ello?
