La Ley que militariza a los civiles

Todo parece indicar que este día el Legislativo de la Unión habrá de aprobar la Ley de Seguridad Interior, cuya función esencial será darle un marco legal a la actuación, que de hecho han realizado por más de una década las fuerzas armadas del país, léase el Ejército Mexicano y la Armada de México, ambas bajo el mando de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR) respectivamente, en el combate del crimen organizado que ha asolado a los mexicanos de muchas partes de la república con ferocidad los últimos años.

Así entonces, con el devenir de los días, las semanas, los meses y los años, la paciencia de los militares se ha agotado y cada vez han ido presionando por pedirle al legislativo del país que los dote de un marco legal para sacarlos del vacío jurídico en que cada vez más frecuentemente se encuentran al hacer las veces de policía.

Parecía entonces que ciertamente los militares tienen toda la razón. Al ser según las encuestas, tanto La Marina como El Ejército (así en ese orden) instituciones de las más respetadas por los mexicanos, lo natural es que nuestro Poder Legislativo de una vez les diese facultades en labores policiales que simplemente las instituciones civiles policiacas han comprobado que hasta ahora han sido incapaces de cumplir con su función principal, que es dotar de seguridad tanto en sus bienes como en su integridad física, a los ciudadanos.

Así pues, parecería un arrebato de la izquierda o hasta una ocurrencia de celebridades que han encontrado en el ejercicio de emitir opiniones sobre temas públicos controversiales oponerse a que la Ley de Seguridad Interior sea aprobada.

Pero en el fondo, actores relevantes como Diego Luna, Gael García o el belicoso sistemático Gerardo García Noroña y todos los organismos internacionales de derechos humanos que se han pronunciado en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior tienen razón.

La aprobación de esta ley quiérase o no, le está abriendo campo a nuestra ordenanza jurídica que los civiles no somos capaces (como no lo hemos sido) de ocuparnos de nuestra armoniosa convivencia en orden, y que por lo tanto debemos de incorporar a los cuerpos militares para instaurar el orden social.

Vaya despropósito. Los políticos civiles, ésos que en realidad tienen acceso al erario público nutrido en mayor proporción por nuestros impuestos, les urge endosar ese engorroso y delicado tema de la seguridad al Ejército y a la Marina. Poco les está importando velar por la civilidad del Estado Mexicano, tal y como lo han manifestado, lo que parece es que los poderes locales de los Estados, incluidos Durango de José Rosas Aispuro y Coahuila de Miguel Riquelme Solís, quienes han manifestado su apoyo a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Está claro la postura de los gobernadores en general, incluyendo a los de Durango y Coahuila. A quien le puede importar destinar una cantidad de recursos materiales y humanos a temas tan complicados y de tan baja rentabilidad política, si se cuenta con soldados y marinos que hagan el trabajo duro de enfrentar a capos cuya capacidad de fuego arrinconan a muchas policías municipales y estatales, mientras los Estados y municipios pueden seguir manejando recursos pecuniarios y humanos a actividades de mucho mayor renta, ya sea política que económica.

Así pues, la aparentemente inexorable aprobación exprés de la Ley de Seguridad Interior para el día es cosa consumada. Pero valga este espacio como muchos más, para advertir que México le está abriendo la puerta legalmente, espacios a los militares que no les corresponde ocupar bajo una república civil, como dice nuestra Constitución que somos, pero que con esto, seremos cada vez menos. Al tiempo.