La llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en el sexenio del panista Felipe Calderón y que continúa en el del priista Enrique Peña Nieto, obligó a las Fuerzas Armadas a dejar los cuarteles y a mantenerse en las calles haciendo labores de policías. El argumento para usar de forma extraordinaria al Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública ha sido que los cuerpos policiales municipales, estatales y federales están rebasados o infiltrados. La realidad es que a la vuelta de los años la violencia sigue creciendo y el crimen sigue dominando extensos territorios. El hecho ha ocasionado un evidente desgaste de las instituciones castrenses que incluso han sido puestas bajo la lupa de organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos. Y, aunque al principio se dijo que en la Constitución existía el fundamento suficiente para emplear a las Fuerzas Armadas en la contención de la violencia criminal, ahora está por aprobarse una ley que no sólo regula la actuación de las mismas en acciones de seguridad pública interna, sino que también podría alargar su permanencia como fuerza policial.
Aunque es necesario regular la acción militar en tareas que corresponden absolutamente a la responsabilidad de otros: policías federales, estatales y municipales, mismos que han claudicado a su primordial responsabilidad, no obstante, son muchas las voces que dentro y fuera del país, la ONU incluida, advierten de los peligros que implica aprobar un marco legal como el que ahora se encuentra en el Senado de la República. Los argumentos no deben desoírse, puesto que, además de razones de peso, en algunos casos es el sentido común el que habla. Uno de los primeros puntos en cuestión es el papel que han desempeñado y deben desempeñar los municipios y estados en la lucha contra el crimen. Porque lo que se advierte es que con la regulación del uso del Ejército en labores de seguridad pública, los gobiernos locales y estatales podrán continuar en su zona de confort sin resolver las deficiencias de sus cuerpos policiales, a la espera de que sean las Fuerzas Armadas las que se enfrenten con los criminales.
Esto nos lleva a una revisión profunda del concepto de seguridad pública que, en un régimen republicano y democrático como el nuestro -al menos de iure-, debe estar en manos de las autoridades civiles y no de los mandos castrenses. Al respecto, lo primero que hay que reconocer es que la estrategia aplicada por el Estado mexicano ha fracasado y la evidencia está en que no sólo los hechos delictivos de alto impacto no han disminuido, sino que van en aumento. Entidades como Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Guanajuato y Baja California Sur son sólo los ejemplos más claros de que la violencia del narcotráfico ha rebasado a las fuerzas del Estado y que no se ha hecho lo suficiente para fortalecer a las instituciones policiales.
Uno de los aspectos más polémicos de la ley de seguridad interior es el que tiene que ver con la transparencia de las acciones de las instituciones castrenses. Como está la propuesta planteada y en caso de aprobarse, el Ejército y la Marina podrían reservar toda la información relacionada con su participación en labores de seguridad pública bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. Esto va en contrasentido de la rendición de cuentas que debe existir en un estado democrático respecto al desempeño de todas y cada una de sus instituciones. La reserva de información abriría la puerta a la discrecionalidad en el uso de las Fuerzas Armadas que incluye la tentación de que sean usadas para reprimir movimientos de protesta y no tanto para enfrentar a grupos criminales que cuentan con arsenal de alto poder, y también, por qué no decirlo, a abrir completamente el debate si la legalización de las drogas es una opción a explorar seriamente como se ha hecho en Portugal, Uruguay, Holanda y hasta en muchos estados de la mismísima unión americana.
En consecuencia, como lo ha advertido la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, el riesgo de deterioro de los Derechos Humanos es elevado. Si las autoridades civiles ni la sociedad no pueden revisar a detalle el proceder del Ejército y la Marina, la posibilidad de que se cometan abusos se incrementa, de la misma manera que baja la probabilidad de que dichos abusos puedan ser sancionados. Así, contra lo que se espera, las Fuerzas Armadas podrían presentar un desgaste mayor al que ya de por sí tienen por desempeñar una labor ajena a su responsabilidad primaria que es salvaguardar la soberanía del país. Es por ello que una discusión amplia en donde se escuchen todas las voces es necesaria antes de aprobar la iniciativa presentada por el presidente de la República.
