En algunas de las que se han transformado en fiscalías, como las de Morelos, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Durango y Jalisco, el nivel de autonomía todavía no es pleno. (ARCHIVO)
La implementación del nuevo modelo de justicia penal tiene un pendiente en el ámbito estatal, donde algunas procuradurías se han transformado... aunque sólo de nombre.
Un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) revela que de 33 dependencias locales encargadas de procurar justicia en el país, en 15 no se ha hecho ningún ajuste para transitar al modelo acusatorio y adversarial.
Pero incluso en algunas de las que se han transformado en fiscalías, como las de Morelos, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Durango y Jalisco, el nivel de autonomía todavía no es pleno.
"Las transiciones hacia esquemas de Fiscalía no se han traducido necesariamente en mejoras significativas en la procuración de justicia", establece el estudio "Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación Criminal".
"De hecho, muchas fueron meramente nominales, o bien, de un tipo que se ha denominado de autonomía relativa; es decir, aunque formalmente la Fiscalía cuenta con autonomía técnica y de gestión, continúa subordinada financiera y políticamente al titular del Poder Ejecutivo del estado".
Un ejemplo de esta situación se registra en Veracruz, donde el fiscal Jorge Winckler Ortiz funge como abogado del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez en un expediente sobre enriquecimiento ilícito abierto en 2015.
Los cambios en las dependencias tampoco han venido acompañados de una mayor eficiencia en la investigación de delitos, establece el informe de CIDAC.
Un caso reciente es de la Fiscalía de Morelos, que no pudo sostener ante un juez la acusación de homicidio en grado de tentativa contra cuatro detenidos el 30 de noviembre en un operativo en Temixco, en el que resultaron muertas cuatro mujeres, una bebé y una adolescente.
Más aún, en la audiencia judicial peritos acreditaron que la escena del crimen fue alterada por los agentes.
Para CIDAC, existe una falta de definición de políticas criminales y planes de persecución del delito, aunado a una violación sistemática de Derechos Humanos a víctimas e imputados, y nula credibilidad y confianza ciudadana en estas instituciones.
María Novoa Cancela, investigadora de CIDAC-México Evalúa, consideró que la falta de autonomía en las dependencias es la principal razón para que no haya avance en la procuración de justicia.
"Las fiscalías son manipuladas por intereses externos, no sólo el gobernador, sino otros intereses que vulneran la institución y los resultados que se tienen.
"Lo que se busca es darle una independencia técnica al Ministerio Público para el proceso del delito", planteó la especialista.
