El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió al Senado de la República rechazar la ley que validaría la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiacas. (AP)
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió al Senado de la República rechazar la ley que validaría la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiacas.
Para el máximo defensor de las garantías individuales en la ONU, consagrar la función de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad representaría una evolución "muy preocupante" en el marco del cumplimiento de la ley.
"La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta", señaló en un comunicado.
Añadió: "El proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones en tanto que agentes de la ley".
Concretamente, inquieta a Ginebra el hecho de que en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las Fuerzas Armadas.
También preocupa la falta de apropiados controles y mecanismos de supervisión, así como la ausencia de un marco legislativo que prevenga el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.
"La ambigüedad del proyecto de ley es inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria", advierte Zeid Ra’ad Al Hussein.
Igualmente teme que la Ley de Seguridad Interior conduzca a un recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
La iniciativa, señala, podría suponer un punto de no retorno en la estrategia para combatir la delincuencia organizada. Recuerda que en 2015 las autoridades mexicanas se comprometieron a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados para combatir el narcotráfico por fuerzas policíacas mejor preparadas, tanto a nivel estatal como federal.
Amnistía Internacional advierte que aprobar la LSI sentaría un precedente sumamente negativo en América Latina y convertiría en "derechos de papel" los logros adquiridos en la reforma del Sistema Penal Acusatorio de 2008 y las reformas de derechos humanos de 2011 y 2014.
Previo a la discusión en el Senado de la Ley de Seguridad Interior, diversas organizaciones de derechos humanos de México y Estados Unidos llamaron a los legisladores a no aprobarla, debido a que, manifestaron, prolonga un modelo de seguridad fallido y consideraron que es urgente avanzar hacia una política de seguridad pública profesional.
En un comunicado firmado por más de 100 organizaciones, entre ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), y Causa en Común, señalaron que los índices de impunidad y corrupción presentes en el país exigen de autoridades y ciudadanos un "altísimo grado de responsabilidad para tomar las medidas que el país necesita".
"Preocupa el avance de medidas represivas, mientras que las medidas estructurales como el fortalecimiento de una policía ciudadana y la transformación de la fiscalía no están en las agendas de los partidos", señalaron.
En otro desplegado conjunto, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez indicaron que la aprobación de la ley "podría acarrear consecuencias peores en materia de inseguridad".
