Necesitamos una Ley de Seguridad Interior enmarcada por una estrategia integral. Cuando terminé este texto, el Senado todavía discutía si aprobaba una iniciativa defectuosa, incompleta y, según algunos juristas, inconstitucional.
Estoy entre los que reconocen a las fuerzas armadas haber cargado con la mayor responsabilidad en el combate al crimen organizado. Se justifica que entre 2006 y 2016 el presupuesto del ejército creciera en 276% y el de la Marina en 300%. Faltaba el marco jurídico que regulara su papel y ejecutivo y legislativo tuvieron tiempo de sobra para hacer una ley dentro de la estrategia integral anunciada por el presidente.
En agosto de 2016, Enrique Peña Nieto dio una clase de estrategia al candidato Donald Trump. Le dijo que la manera de enfrentar a los "cárteles y otras organizaciones criminales" era con "un enfoque integral". Le recordó que los "flujos ilegales" de "armas y dinero en efectivo" estadounidenses son tan letales como el tráfico de drogas que sale de México hacia los Estados Unidos. Cuando el presidente ordenó que sus diputados y senadores aprobaran la Ley de Seguridad Interior se olvidó de la integralidad y las 14 cuartillas de la iniciativa de ley destacan por su pobreza intelectual.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destazó la iniciativa. En su pronunciamiento del 29 de noviembre enumeró defectos, citó confusiones y señaló carencias: la definición de Seguridad Interior además de "amplia y ambigua" se enreda con la de Seguridad Nacional; es "discrecional", opaca y carece de "mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas"; y es riesgoso que "las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos".
La CNDH también señaló, como una de las omisiones más graves de la ley, el silencio sobre las corporaciones policiacas. El ombudsman nacional se queda corto con las ausencias. En la ley se olvida mencionar o incorporar al poder judicial infiltrado por la delincuencia, las cárceles controladas por el crimen organizado, la epidemia de adicciones, el abandono de la prevención del delito y reconstrucción del tejido social, el contrabando de armas de los Estados Unidos, el lavado de dinero y la cultura de la violencia y de la paz. Hay dependencias que manejan algunos de estos temas, pero carecen de esa visión integral que Peña Nieto presumió ante Trump.
Felipe Calderón se fue a la guerra sin estrategia e ignoraba la magnitud del enemigo que enfrentaría. Enrique Peña Nieto ya entiende lo que está en juego pero siguió la senda del panista. ¿Por qué el ejecutivo y el legislativo no han elaborado una gran estrategia dentro de la cual se inserten las leyes y reglamentos que se requieran? Una explicación estaría en su pereza e indolencia ante temas complejos y a la defensa de intereses y complicidades; su energía la dedican a ganar elecciones y a aplicar recetas elaboradas en Washington que han fracasado en México.
La Ley de Seguridad Interior hace algunas concesiones a los inconformes. Promete respetar los derechos humanos y busca demostrarlo dando un mayor protagonismo a la CNDH, que enfrentará un dilema si la ley, como parece, es aprobada: ¿Presentará una acción de inconstitucionalidad? Tendrá 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de la ley. Si opta por ese camino debería discutir los conceptos de invalidez en consultas públicas.
El reto histórico para el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, sería enorme. Será sometido a enormes presiones para que atempere la crítica. Su lugar en la historia depende de que resista y transforme a la CNDH en el baluarte de civilidad, sensatez y razón que confronta y contiene la irresponsable displicencia del ejecutivo y el legislativo. Si lo hace, estoy seguro que será acompañado por los grupos sociales deseosos de un viraje a fondo en la estrategia bélica.
Independientemente de la decisión del Senado, la ciudadanía consciente tiene otra tarea: conminar a los candidatos a la presidencia para que, en materia de seguridad, dejen a un lado las ocurrencias y los lugares comunes y presenten un bosquejo de estrategia integral que sustituya la visión reduccionista expresada en la Ley de Seguridad Interior. Tienen que demostrar que tienen la capacidad y la voluntad de proponer mejores estrategias y leyes que las padecidas durante once años.
Twitter: @sergioaguayo
Colaboró Mónica Gabriela Maldonado Díaz.
