Seguimos entrampados en el laberinto de la seguridad, por no decir, inseguridad, violencia, crimen organizado, ausencia de justicia. Todo eso y más. Tras once años de abierta la caja de Pandora, o su versión moderna, de "guerra contra el narco", las cosas siguen igual o peor. Pese a los recursos invertidos, pese a las promesas políticas, pese a los cambios de gobierno, es fecha que el Estado no brinda seguridad. No como debería. Uno de los puntos neurálgicos son las policías, otro el sistema de justicia. Pero ni uno ni otro funcionan. Al ritmo que vamos, el sexenio ya superó en violencia y homicidios dolosos al sexenio anterior, con la diferencia discursiva, de que los actuales "sí saben gobernar". En este punto, resulta sintomático que muchos aspiren al poder, pero pocos hablen de paz. Hace unos días, un perpetuo candidato sugirió amnistía, diálogo y hasta perdón, pero rápidamente fue condenado casi, de manera unánime, por los medios, y hasta de paso mandaron al ejército contestar y hacer política electoral. El gobierno en picada.
En medio de todo esto, los diputados acaban de aprobar el proyecto de Ley de seguridad interior, para dar certeza jurídica al ejército en las calles, como si no existiera un marco previo, ni constitución, ni nada. Dicho de otra manera, la presidencia, tan prestigiada por la corrupción, está buscando una salida para el fin de sexenio. Es decir, más vale protegerse ahora que tiene el poder, que ser llamados a cuentas por la guerra y las violaciones a los derechos humanos. No sólo se busca justificar la permanencia del ejército en las calles, sino proteger al presidente de una futura acusación. Ahora la ley está en manos de Senado, pero no dista mucho de la Cámara Baja. Por lo tanto, es previsible que pasará.
Diversos organismos ciudadanos y asociaciones cívicas han advertido sobre los peligros de una ley así. ¿No hay guerra, pero los soldados siguen en las calles? Hace años propusieron formar una policía sólida, una especie de guardia nacional, pero una década después seguimos sin nada. Lejos de que la ley de seguridad sirva para regresar al ejército a los cuarteles, está previendo su permanencia en las calles. De esa manera, la ley que seguramente aprobará un grupo suficiente de senadores leales a la presidencia, es el reconocimiento del fracaso del Estado para brindar seguridad; pero no bajo la excepción que representan las fuerzas armadas en las calles, sino a su permanencia. ¿Vamos a seguir otra década así? ¿A qué costo? No perdamos de vista que la violencia, lejos de disminuir, ha superado las peores marcas del calderonismo, lo cual ya es mucho decir.
De cara a las elecciones de 2018, abundan aspirantes a la presidencia. No abundan así, propuestas coherentes. En ese sentido, se repiten lugares comunes, ocurrencias o de plano ni se conoce del tema, como es el caso del honorabilísimo candidato del poder, José Meade. Sólo falta que repita la fórmula infalible (por cantinflesca), que aplicó al periodista del País hace unos días. Retomemos el precioso diálogo (4 de diciembre, El País):
-¿Usted está dispuesto a investigar casos de corrupción de esta Administración, involucre a quien involucre?
-Es que me parece que caemos de nuevo en el planteamiento personal. Tenemos que movernos en un esquema en el que la pregunta no sea válida. Un esquema que funcione para todos, en donde el acceso a la justicia y a la rendición de cuentas sea igual para cualquier funcionario. Vamos a funcionar bien cuando la pregunta deje de tener mérito. Cuando alguien piensa: "El problema depende de" es que no entiende el problema de fondo.
ESO CONTESTÓ SOBRE LA CORRUPCIÓN. ¿SE IMAGINAN SOBRE SEGURIDAD?
Mala señal cuando un Estado es incapaz de dar respuesta a los ciudadanos sobre su principal propósito: la seguridad. Todo indica que seguiremos bajo el fallido esquema de la milicia en las calles. ¿Qué sigue, un militar en la presidencia? Regresaríamos a donde empezamos después de la revolución a principios del siglo XX.
Veamos las variantes del asunto, e incluyamos el mercado de las drogas. Mientras el mayor consumidor, Estados Unidos, ha legalizado en muchos estados, la venta e incluso, la producción de marihuana, en México seguimos el fallido modelo del combate.
Si todavía no queremos ver el gravísimo problema de tapar con el ejército la ineficacia de las policías, escuchemos al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, quien pidió a México que no apruebe el proyecto de Ley de seguridad. Para el comisionado, "más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra la droga, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas".
Ante dicha propuesta de ley, quedamos en el laberinto de la inseguridad.
Nos vemos en Twitter, @uncuadros.
