Mientras el Senado alista el debate y la ruta para el análisis de la Ley de Seguridad Interior, que podría ser aprobada estos mismos días en la Cámara Alta, a las voces que piden reconsiderar la iniciativa se sumaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
La "militarización" del país, la criminalización de las protestas sociales, entre otros, son algunos temas que han causado preocupación también en opositores y organizaciones no gubernamentales, mientras que quienes están a favor, defienden la necesidad de este marco regulatorio.
¿Qué propone?
La Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada el pasado jueves en la Cámara de Diputados, es una legislación en la que se define y detalla la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y define ante qué situaciones los militares pueden actuar.
Desde hace 11 años, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de sacar al Ejército de sus cuarteles para combatir al crimen organizado, sin embargo, no existe aún un marco normativo de actuación para las fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública.
En esta ley, de tan sólo 34 artículos y cuatro transitorios, se detalla que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrán excederse de un año; sin embargo, podrá prorrogarse por decisión del presidente si persiste la amenaza a la seguridad interior. Además, el apoyo a los estados estará sujeto a la colaboración de las entidades.
Un tema que provocó opiniones en contra, fue si habría represión por parte del Ejército durante las protestas sociales, al considerarlas como una amenaza a la seguridad interior, pero en este nuevo documento se incluyó, de manera expresa, la prohibición a que la Ley de Seguridad Interior sea utilizada en manifestaciones sociales o políticas no violentas.
Se autoriza el uso legítimo de la fuerza a las Fuerzas Armadas y se prevé la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos de sus elementos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.
Prevé un artículo donde se explica que en los actos realizados durante las intervenciones se deberá “preservar, en todo momento y sin excepción los derechos humanos y sus garantías”.
Pero también considera que en los actos de perturbación grave de la paz pública que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, podría haber suspensión de derechos.
Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía.
Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.
Puntos clave
* Intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrán excederse de un año y estará sujeta a la colaboración de las entidades para contribuir con la amenaza que existe a la seguridad interior.
* Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad.
* La prohibición para que en la Ley de Seguridad Interior sea utilizada en manifestaciones sociales o políticas no violentas.
* Define que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas, o de su ejecutivo, la intervención de la federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa.
Temas polémicos:
* Permanencia permanente en las calles de las Fuerzas Armadas (militarizar al país acusa oposición y ONGs).
* Criminalizar protestas sociales, acusan.
* El presidente de la República podrá decretar intervención en cualquier caso que considere riesgo para la seguridad interior sólo consultando al Consejo de Seguridad Nacional.
* Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.
La Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada el pasado jueves en la Cámara de Diputados, es una legislación en la que se define y detalla la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y define ante qué situaciones los militares pueden actuar. (ARCHIVO)
