En sus dos primeros actos oficiales, la toma de protesta y el mensaje a los coahuilenses, el gobernador Miguel Riquelme fijó en su discursos las líneas que pretende seguir en su administración tras casi seis meses de un conflicto postelectoral que ha dejado una sociedad polarizada y ánimos políticos caldeados. Es importante revisar los primeros planteamientos del nuevo titular del Ejecutivo estatal en aras de vigilar el cumplimiento de sus compromisos.
Destaca en primera instancia que el priista torreonense ha prometido gobernar “para todos”, no sólo en el plano político y social, es decir, para todos los sectores de la población, independientemente de filiaciones partidistas y estratos socioeconómicos, sino también en el ámbito geográfico, o sea, para todas las regiones de la entidad por igual, un añejo reclamo en Coahuila.
Este mensaje fue acompañado de llamados a la unidad y la reconciliación, un reconocimiento a la crispada situación política que dejó la elección. No obstante, lanzó críticas también a sus adversarios, a quienes mencionó como “los que intentaron dividir a Coahuila y fracasaron”. La aseveración es imprecisa, ya que la división en todo caso estuvo motivada por la pugna de dos bandos enfrentados, pero lo más importante es que puede ir en contrasentido de lo que, al menos en el discurso, el gobernador pretende lograr.
En este sentido, es menester que estas intenciones manifiestas se traduzcan en acciones claras y contundentes de apertura al diálogo de manera que se construya la confianza que se requiere para impulsar las obras y programas que la entidad amerita. Esto pasa por mostrar tolerancia a la crítica y por evitar cualquier desplante de represión o represalia contra quienes cuestionen las acciones del gobierno, sobre todo en un contexto de percepciones de agravio, un nuevo proceso electoral en curso y frente a una realidad de un Congreso local plural como hace lustros no se veían.
Dentro de sus planes sobresale aplicar una lógica de “cero tolerancia” al crimen, la corrupción y la impunidad, lo cual debe abarcar no sólo la contención de los índices delictivos, sino también el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En este último punto en particular, las dos administraciones anteriores dejaron mucho a deber, sobre todo en lo que concierne a la deuda pública, asunto que hoy corresponde al gobierno que inicia.
También ha hablado de “hacer más con menos” y de no subir los impuestos, que en términos llanos quiere decir hacer de la austeridad y la eficiencia los ejes de la administración de los recursos públicos, algo que ha sido una de las grandes promesas incumplidas desde hace años. Además, Riquelme promete un “desarrollo integral”, con empleos bien remunerados, uno de los señalamientos más recurrentes hacia las políticas de promoción económica.
En cuanto a la legalidad, el nuevo gobernador ha reconocido el avance en la actualización del marco normativo estatal, pero también el rezago en garantizar su cumplimiento, para lo cual se ha comprometido a dar “mayor funcionalidad” a la legislación vigente. A la par, plantea “proteger y promover” los Derechos Humanos, además de impulsar el bienestar de las mujeres, en un contexto en el que sigue abierta la herida de miles de familias mutiladas por acciones criminales y una realidad creciente de asesinatos y violaciones sexuales contra la población femenina.
Además de todos estos compromisos, que hoy son retos, Miguel Riquelme se enfrentará al desafío de marcar distancia respecto al gobierno anterior, de manera que responda al reclamo ciudadano más que a los intereses del grupo que ha gobernado la entidad por doce años y que, en caso de ser necesario, tenga la disposición de llamarlos a cuentas por los grandes asuntos pendientes.
