Primero, Donald Trump envió a la tumba el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica hace un año, el casi secreto TPP, por sus siglas en inglés. Después, durante el 2017, el mismo Presidente de EU tambaleó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy en suspenso.
Ahora, enorme preocupación causan a integrantes de la sociedad civil mundial las noticias en medios de prensa que señalan que miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) impulsan "una nueva agenda peligrosa e inadecuada" rumbo a la undécima Conferencia Ministerial (MC11) a realizarse en Buenos Aires, del 10 al 13 de diciembre de 2017.
Así, representantes de más de 300 organizaciones denuncian que uno de los temas de la nueva agenda se encubre con rótulo de "comercio electrónico" pero es engañoso; además, que otros obstaculizan cambios de normas actuales de la OMC que restringen el margen de maniobra de los gobiernos en materia de políticas para creación de empleo y desarrollo, entre ellas las consideradas para logro de las Metas de Desarrollo Sostenible (MDS), asunto que califican de innegable interés público.
Desafortunadamente, declaran en un comunicado, algunos miembros de la OMC se niegan de manera obstinada a avanzar en lo que debería constituir el núcleo central de la agenda: corregir las normas injustas que obstaculizan los esfuerzos mundiales tendientes a garantizar seguridad alimentaria verdadera, desarrollo sustentable, acceso a la atención médica y medicamentos, y estabilidad financiera mundial, descritos en la Declaración de la Red Mundial "Nuestro Mundo No Está en Venta" (en inglés OWINFS), titulada 'Darle Vuelta a la OMC', apoyada por organizaciones civiles en todo el mundo creyentes, dicen, "en un sistema de comercio multilateral democrático, transparente y sustentable".
Como mínimo, afirman, en Buenos Aires los miembros de la OMC deberían abocarse a cambiar las normas agrícolas que restringen la capacidad de los "países en desarrollo" para garantizar la soberanía alimentaria de sus poblaciones.
¿Qué piden?: "El secretismo y la práctica antidemocrática de negociar tras puertas cerradas con sólo unos pocos miembros poderosos para luego presionar inmensamente a los países en desarrollo a que acepten otro mal acuerdo -que han caracterizado a la OMC desde sus orígenes pero que se han tornado más virulentos en las últimas dos conferencias ministeriales-, deben abandonarse a favor de un proceso transparente que genere resultados compatibles con las Metas del Desarrollo Sostenible acordadas a nivel multilateral".
Un ejemplo. Las organizaciones civiles consideran que el libreto de los promotores de lo que denominan "comercio electrónico" es equivocado y engañoso porque lo presentan como necesario para desencadenar desarrollo aprovechando la fuerza y energía de las pequeñas y medianas empresas (PyME). Pero, acusan, es poco probable que las PyME puedan competir con empresas transnacionales gigantes, que gozan de beneficios de economías de escala, subsidios históricos, avances tecnológicos, infraestructura sólida auspiciada por los Estados, estrategias de evasión fiscal y un sistema de normas comerciales redactadas para ellas por sus propios abogados.
Entre las disposiciones clave de tales propuestas se encuentra la prohibición de guardar los datos localmente en el país y de tener presencia también en el país; la prohibición de aranceles aduaneros sobre productos digitales; la reglamentación de transferencias transfronterizas de datos; e incluso la prohibición de la exigencia del usar software libre en los contratos de compras gubernamentales y contratación pública.
No hay fundamento económico que justifique, dicen, que los bienes comerciados digitalmente no deban contribuir al fisco nacional, cuando por vías tradicionales sí lo hacen. Los datos son el recurso más valioso hoy en día; además, su protección y la privacidad son derechos humanos irrenunciables en aras de interés comercial. "Anclar y perpetuar normas en la OMC que permitan a las empresas trasladar datos por todo el mundo sin restricción privaría para siempre a los países y ciudadanos del derecho a beneficiarse de sus propios datos e información en el futuro, restringiría la capacidad de los países para implementar medidas adecuadas de protección de los consumidores y de la privacidad de los datos."
Y así en tópicos agrícolas, pesqueros, médicos, financieros, etc.
Se prevén protestas en Buenos Aires por este motivo.
@kardenche
