Acto oficial. El presidente Enrique Peña Nieto (c) inauguró ayer la XI Brigada de la Policía Militar en San Pedro. En la imagen aparece con el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira (i); el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, y el gobernador de Durango, José Aispuro (d). (EL SIGLO DE TORREÓN/FERNANDO COMPEÁN)
La ley de seguridad interior, que se discute en el Congreso, dejó de ser una valiosa propuesta para convertirse ahora en una "imperiosa necesidad", dijo ayer en La Laguna el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Expresó su confianza en que los legisladores federales atenderán "con la urgencia que hoy se requiere" esta iniciativa que, a su parecer, brindará "mayor certidumbre a las fuerzas armadas y a la sociedad mexicana".
Al respecto, comentó que la actuación del Ejército y la Armada en apoyo a la seguridad pública se sustenta en su lealtad, disciplina y apego a los valores y principios militares, pero no es suficiente.
"Hace falta un marco jurídico adecuado que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos en tareas de seguridad pública, un marco que con absoluta claridad defina los medios y alcances del respaldo subsidiario que hoy brindan las fuerzas armadas en diversos estados y municipios", dijo Peña.
Pero consideró también que el esfuerzo de dar una mayor certeza jurídica a las fuerzas armadas debe ser acompañado del fortalecimiento de las corporaciones de seguridad en los estados y municipios.
Al presidir la inauguración de la XI Brigada de la Policía Militar y la Unidad Habitacional en el municipio de San Pedro, que costó 980 millones de pesos y albergará a 3,200 policías militares y sus familias, el primer mandatario expresó que los retos de seguridad pública exigen objetividad en el diagnóstico y que "la tarea aún no ha terminado".
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ACUDE PRESIDENTE DE MÉXICO, ENRIQUE PEñA NIETOReconoció además a las fuerzas armadas por su valiente contribución para recuperar la paz y tranquilidad en el país.
La iniciativa de ley de seguridad interior ha sido cuestionada por organizaciones civiles nacionales e internacionales que ven riesgos para los derechos humanos y la transparencia en labores de seguridad por la consolidación de la militarización del país.
