Ojalá la prudencia política abra un espacio para que los legisladores salgan de un letargo que compromete la próxima elección
La sustitución periódica de las élites gobernantes a través de elecciones presupone la existencia de una receta en la que se mezclen, en su adecuada proporción, las instituciones electorales, los actores políticos, las reglas ordenadoras de las condiciones de la competencia y de la contienda misma, y la participación ciudadana. Si falta alguno de estos ingredientes, o su presencia está disminuida, no podemos esperar un resultado satisfactorio.
Llama la atención, en este sentido, que a dos meses de iniciados los procesos electorales federales y locales, ni todas las instituciones electorales se encuentran bien integradas, ni todas las reglas puntualmente expedidas.
Es así, porque en el ámbito de la justicia electoral existen faltantes significativos. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra, desde el 11 de septiembre, sin uno de sus integrantes y, de hecho, sin presidente, lo cual no es menor si se advierte que le corresponde analizar, dentro de un procedimiento abreviado, el contenido de la propaganda político-electoral de partidos políticos y candidatos, la forma y temporalidad de la publicidad gubernamental, así como los actos anticipados de precampaña y campaña, con la posibilidad de sancionar a los infractores.
En quince entidades federativas, desde hace aproximadamente mes y medio, sus respectivos tribunales electorales se hallan incompletos, ante la falta de uno o dos de sus magistrados, lo cual preocupa al constatar que a seis de ellos les tocará conocer las impugnaciones de las elecciones de gobernador, y a todos las que se presenten con motivo de sus elecciones.
En el ámbito de la persecución de los delitos electorales, desde el 20 de octubre, la FEPADE se encuentra sin titular, luego de la remoción realizada por el Subprocurador Jurídico en suplencia del titular de la Procuraduría General de la República, que también está acéfala. Sorprende está ausencia si consideramos que las conductas lesivas de la libertad y la expresión genuina del sufragio, como la retención de credenciales para votar, el condicionamiento de programas sociales, actos de presión e intimidación o desvío de recursos públicos con propósitos electorales, pueden presentarse meses antes de acudir a las urnas.
En el ámbito de las reglas orientadas a fomentar la paridad de condiciones de la contienda, las cosas no han sido más alentadoras. No sólo porque los esfuerzos del INE por reglamentar lagunas y omisiones de cara a las elecciones de 2018 han sido sistemáticamente desautorizados por el TEPJF, sino porque hay faltantes que por años han sido abiertamente aprovechados para generar ventajas políticas indebidas. Nada más recordar que frente al abuso de la promoción personalizada de servidores públicos en las elecciones de 2006, la reforma electoral del año siguiente vendría a regular este tipo de propaganda gubernamental, obligar que tuviera fines informativos, y permitirla exclusivamente en periodo no electoral.
El Congreso federal debió expedir esta ley en un mes, y las locales un año después de aprobada la reforma, lo cual no ocurrió. La reforma de 2014 dio un nuevo plazo, y precisó que esa ley debería garantizar que el gasto público en el apartado de comunicación social se apegara a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y que respetara los topes presupuestales para no gastar más de lo previsto.
A casi 10 años de incumplimiento del dictado constitucional, la Corte intervino para declarar la omisión del legislador y obligar al Congreso a que a más tardar el 30 de abril de 2018 apruebe dicha ley, la cual, a su vez, dará paso a la expedición de las 32 leyes estatales en la materia, en donde, entre otras cosas, se deberá determinar qué tipo de información gubernamental se puede difundir con cargo al erario, qué instituciones podrán hacerlo, bajo qué parámetros, a través de qué medios y en qué periodos, todo ello para evitar la promoción personalizada de servidores públicos y el dispendio de recursos públicos.
La responsabilidad de cubrir todos estos faltantes reposa sobre nuestros órganos legislativos. Ojalá la prudencia política abra un espacio al interior de las acaloradas disputas que hoy se han intensificado entre los partidos, para que salgan de un letargo que no sólo daña a la Constitución, sino que compromete la próxima renovación de la representación popular.
(Académico de la UNAM)
