"Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario", dice en letras doradas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, frase de José Ma. Morelos y Pavón.
Y la palabra "justicia" me pareció especialmente relevante, sobresaliente, en un contexto como éste, y un momento histórico como el que nos toca vivir, donde sabemos que en los tribunales no es siempre la justicia, sino la legalidad, lo que, en el mejor de los casos, se argumenta o consigue.
Nos acercamos como grupos de sociedad civil organizada desde hace un par de semanas para intentar reunirnos en un espíritu democrático, de participación ciudadana, con magistrados del Trife, para dialogar sobre un tema que nos parece fundamental en los más de 3,400 procesos electorales que se presentan en 2017 y seguirán en 2018 en México: la fiscalización de gastos en redes sociales durante las campañas electorales.
Como nunca, la tecnología y sus herramientas en línea nos permiten comunicarnos con tal cantidad de gente, como las redes sociales. Igual que en la Segunda Guerra Mundial, la propaganda política toma un papel protagónico en el desarrollo de nuevas formas de vernos entre personas y comunidades.
En Facebook o Twitter nos relacionamos con personas más o menos afines, no sólo conocidos cercanos y familiares, sino personajes destacados en su área. Quienes tenemos una vida políticamente activa y consciente, leemos y seguimos a quienes representan afinidades, pero también con quienes representan opuestos ideológicos, para debatir o "trolear" al distinto.
Aprender a utilizar estas herramientas es casi tan complejo como generar un criterio para contabilizar el gasto que realmente hacen los candidatos y partidos a través de ellas. Por ello, no podemos permitir que la ciudadanía se quede sin voz en una disputa evidente entre la fiscalización que realiza el INE y el desechamiento al mismo del Tribunal. Una voz a la que no están acostumbrados a escuchar la mayoría de los funcionarios públicos, y especialmente los jueces o magistrados, pero que es posible levantar gracias a un recurso llamado "amicus curiae" (amigo de la corte).
Esta figura jurídica permite a un "tercer interesado" entrar al expediente el juicio abierto para observar, y en todo caso, emitir opiniones al respecto. ¿Quién más sino la ciudadanía que vota, que se somete a la tortura mediática de las campañas, que elige entre las pobres opciones que la partidocracia nos presenta, puede estar interesado en un juicio electoral?
Esperamos que proceda el recurso, pero sobretodo, esperamos que llegue fuerte y claro el mensaje democrático a los magistrados, a los partidos políticos, a los candidatos, a los funcionarios públicos de cualquier nivel: la ciudadanía observa, está al pendiente, va a pedir cuentas y quiere opinar y proponer para contribuir a la construcción de un país plural y su desarrollo. La sociedad civil organizada no permitirá más arbitrariedades, como dijo Morelos y Pavón.
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