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Corrupción y violencia

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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK

La afirmación del alcalde substituto de Torreón que frente a la incidencia delictiva que sufre nuestra ciudad asegura que la violencia no ha regresado, constituye una verdad a simple vista porque en efecto, la ola criminal que inició su fase crítica la década pasada, nunca se ha ido de nuestro entorno local.

Existe en el tema la práctica de nuestras autoridades, en el sentido de utilizar un doble lenguaje. Cuando el PRI fue oposición durante el sexenio de Felipe Calderón, fue un crítico acérrimo de las políticas en materia de seguridad empleadas por el Gobierno federal en aquellos tiempos. Ya en el poder, Enrique Peña Nieto desmanteló la estructura policiaca heredada del gobierno anterior, y olvidó las promesas de campaña que, entre otras cosas, ofrecían la creación de una Gendarmería Nacional de primer mundo, que al final del primer año habría reclutado veinticinco mil elementos.

El ejemplo anterior añadido a la circunstancia de que en la actualidad estén acéfalas la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Federal Anticorrupción y la Procuraduría Federal en Materia Electoral, hace que cobre pleno sentido la afirmación expresada en Torreón por Ernesto López Portillo, la semana pasada, respecto a que "…parece haber un plan de destrucción de las instituciones…". El analista que visitó Torreón invitado por la asociación Renacer Lagunero a principios del mes en curso, dejó toda una tarea por hacer a las asociaciones ciudadanas que respondieron a la convocatoria.

Nuestras actuales autoridades sólo se han preocupado por modelar la percepción de los ciudadanos respecto al problema de la seguridad, mediante un gasto pavoroso en el rubro de comunicación social que en el caso del gobierno de Rubén Moreira Valdez, alcanza la suma de mil millones de pesos anuales. Con el reparto dispendioso de los recursos anteriormente referidos, es posible encontrar cómplices en algunos medios de comunicación que sin ningún escrúpulo maquillan las estadísticas, lo que ha generado un círculo vicioso de corrupción y violencia.

Es fácil entender a esa luz, el por qué la seguridad en nuestra ciudad y región sigue siendo problema irresuelto. La política de seguridad del gobierno se concentra en manipular el impacto mediático de los hechos delictivos sin investigar los delitos ni perseguir a los delincuentes, por lo que el problema persiste en la medida en que lo revelan las propias estadísticas oficiales. El presente año ya es considerado el más violento de la historia reciente de nuestro país y por ello en el discurso de clausura del Sexto Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, la Presidenta del organismo calificó la "masacre" como de "proporciones bélicas".

Por ello frente a la contradicción irresoluble que lo anterior implica, el alcalde substituto de Torreón insiste en que los crímenes que flagelan a nuestra ciudad constituyen hechos aislados, cuando la terca realidad se empeña en demostrar que la actual crisis de seguridad no es temporal ni regional, sino endémica y de alcance nacional. En ese contexto, el gobierno se empeña en que los mexicanos nos acostumbremos a vivir en la violencia, porque tal y como pasa con la corrupción, los priistas la consideran condición irremediable de vida pública asociada a nuestra cultura.

Estamos viviendo bajo un régimen que desprecia el empleo de la voluntad, el esfuerzo y la estrategia en el marco de un Estado de Derecho, como palanca para trascender de una situación de alta criminalidad y subdesarrollo, a más altos niveles de mejoramiento moral cívico y material. En términos del mensaje que nos dejó el analista Ernesto López Portillo en su visita de la semana pasada, sólo la participación ciudadana en funciones de contraloría social y observatorio de la realidad cotidiana, será capaz de vencer el círculo vicioso de resignación, que generan la corrupción y la violencia.

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