Insólito. La Suprema Corte no sugirió o recomendó, ordenó al Congreso de la Unión regular la publicidad gubernamental. Revisaré el suceso porque podría convertirse en parteaguas de nuestra vida política.
En la raíz está el dispendio. Según Alfonso Zárate (El Universal, 16 de noviembre de 2017), Vicente Fox se gastó 14 mil 303 mdp en cacarear sus logros; Felipe Calderón 39 mil mdp; y Fundar estima que Enrique Peña Nieto llegará a los 60 mil mdp. De mantenerse este ritmo de despilfarro, si el próximo inquilino de Los Pinos es un panista o priista el gasto llegará a los 120 mil mdp. Son cifras incompletas; falta contabilizar lo derrochado por gobernadores y síndicos y lo que se mueve por los ductos de la ilegalidad.
¿En qué se gastan tanto dinero? La respuesta son dos verbos muy populares en la grilla mexicana: "golpear" y "comunicar". Toda crítica, documentada o injustificada, la califican de golpeteos intencionados que se enfrentan mejorando la "comunicación". Si la clase política se distinguiera por su profesionalismo y honestidad presentarían resultados y anunciarían proyectos. La mayoría emula a los pavorreales; se adornan con plumajes multicolores que difunden a cambio de costosos "convenios de publicidad", donde incluyen asesorías de imagen, derecho a entrevistas y un trato editorial favorable. En el otro extremo está la utilización del presupuesto para castigar a los medios y periodistas críticos; les cancelan la publicidad y, dependiendo del contexto, los espían, hostigan y hasta asesinan.
La realidad descrita es por todos conocida. Tanto que llevamos años exigiendo la reglamentación de esa práctica pervertidora de medios y facilitadora de la censura. La primera ley en ese sentido se aprobó en 2007 y en 2012 Enrique Peña Nieto y los partidos del Pacto por México se comprometieron por escrito a rematar la tarea. Cumplieron a medias. En febrero de 2014 el Congreso aprobó una ley con transitorio que imponía el 30 de abril de 2014 como fecha límite. Tres años después siguen haciéndose los desentendidos, lo que se traduce en "una omisión legislativa".
Una buena noticia del México de la transición es la consolidación de organismos civiles confiables. Dos de ellos, Artículo 19 y Fundar, tienen años monitoreando y denunciando los usos y abusos de la publicidad oficial. Ante la "omisión legislativa" Artículo 19 presentó un amparo en 2014; fue rechazado inicialmente por un juez de distrito. Intervino el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío Díaz para atraer el caso a la Primera Sala donde fue turnado al ministro Arturo Zaldívar.
Fundar apuntaló el proceso presentando a la Suprema Corte un amicus curiae (opinión que se presenta a tribunales en casos importantes de derechos humanos) contando para ello con la asesoría de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia. Al mismo tiempo un puñado de medios siguió denunciando el dispendio de fondos públicos. Final feliz. El 15 de noviembre la Primera Sala ordenó al Congreso cumplir poniéndole como plazo el 30 de abril de 2018. ¿Qué sigue?
Si nos ponemos sombríos, en el Congreso encontrarán alguna maña para elaborar un reglamento que les permita seguir usando el presupuesto para presumir sus logros. Son adictos a los halagos, aunque sean pagados. Les es más cómodo y redituable que ponerse a trabajar pensando en el bien común. Si eligen ese camino contarán con el apoyo de aquellos medios que se benefician o dependen de la publicidad oficial.
Con ánimo optimista, el Congreso pondrá candados sólidos y promoverá medidas para sanear las relaciones entre política y medios. Nuestra maltrecha democracia iniciará una dinámica virtuosa en la cual quienes gobiernan o buscan votos presumirán biografías y proyectos en lugar de querernos encandilar con spots y frases sin contenido.
Siendo realistas, llegaremos hasta donde la sociedad organizada, los medios independientes y la Suprema Corte (u otros actores oficiales) puedan vigilar y forzar el cambio en la cultura política y cívica de gobernantes y partidos, de candidatos y árbitros electorales. Será una batalla de larga duración para construir una democracia auténtica. La Suprema Corte nos acaba de entregar un buen instrumento para enfrentar a las parvadas de simuladores y corruptos disfrazados de pavorreales.
Twitter: @sergioaguayo
Colaboró Mónica Gabriela Maldonado Díaz.
