El político catalán está en la cárcel desde el pasado 2 de noviembre, igual que otros siete antiguos miembros del Gobierno regional. (ARCHIVO)
El exvicepresidente del Gobierno regional de Cataluña Oriol Junqueras, en prisión tras la declaración de independencia de esa región, pidió hoy su puesta en libertad porque su Ejecutivo no ha actuado desde su cese por el Gobierno español, aunque no acata el mecanismo constitucional por el que Madrid tomó esa medida.
El Gobierno español destituyó al Ejecutivo de Cataluña, disolvió su Parlamento y convocó elecciones regionales el pasado 27 de octubre, en aplicación del articulo 155 de la Constitución española, para restaurar la legalidad después de que el Parlamento catalán aprobara una declaración de independencia.
Junqueras, en su recurso de apelación presentado hoy ante la Justicia, evita acatar ese artículo expresamente como sí han hecho otros exconsejeros que como él están en prisión provisional y que también han pedido su puesta en libertad.
El político catalán está en la cárcel desde el pasado 2 de noviembre, igual que otros siete antiguos miembros del Gobierno regional, acusados de presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso secesionista catalán.
El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, en su escrito, al que tuvo acceso Efe, argumenta que no existe reiteración delictiva, ya que "el Gobierno catalán no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial".
Además, el político catalán asume las medidas del Gobierno español, ya que tras la disolución del Parlamento regional, participará en el proceso electoral fijado por el Ejecutivo central.
Junqueras será el cabeza de lista de su partido, ERC (republicanos de izquierda independentistas) para las elecciones del próximo 21 de diciembre.
También hoy los exconsejeros de Exteriores, Justicia y Trabajo Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, respectivamente, solicitaron su salida de prisión con los mismos argumentos que Junqueras, aduciendo que el Gobierno regional cesado no se reunió ni adoptó ninguna decisión desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, aunque evitan acatarlo expresamente.
Sin embargo, otros exmiembros del Gobierno regional de Cataluña sí que han expresado su acatamiento a dicho artículo a la hora de pedir su puesta en libertad como es el caso del antiguo responsable de Interior Joaquim Forn, que hoy pidió su puesta en libertad con el argumento de que ha asumido "sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia" dicho artículo.
El lunes hicieron lo mismo los exconsejeros de la Presidencia Jordi Turull y de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull.
Tras la declaración de independencia de Cataluña del pasado 27 de octubre, además de las medidas del Gobierno español, también se puso en marcha la Justicia con actuaciones contra el Ejecutivo catalán y la presidencia del Parlamento regional que permitió la puesta en marcha del proceso secesionista.
Además de la prisión de los antiguos consejeros del Gobierno, la presidenta de la Cámara y otros miembros de la dirección del Parlamento están en libertad bajo fianza, mientras que el expresidente regional catalán Carles Puigdemont y cuatro antiguos integrantes de su gabinete se marcharon a Bruselas para no responder a la Justicia española.
La Justicia belga, por su parte, se pronunciará próximamente sobre la orden de entrega y detención cursada en contra de los cinco por las autoridades judiciales españolas.
