¿Cuánto tiempo lleva construir una democracia? ¿Cuándo se le declara terminada? ¿Hay acaso un gran anuncio lleno de espectacularidad, de bombo y platillo, ya nació, ya somos democráticos? O quizá se trata de actos de tracto sucesivo, a veces muy significativos, pero poco atractivos, medianamente nombrados, que confirman un rumbo. Es el caso de México.
La Primera Sala de la Suprema Corte acaba de hacer un pronunciamiento de gran trascendencia. La puerta de entrada fue el recurso de amparo interpuesto por una organización de la sociedad civil, Artículo 19, empeñada sanamente en la defensa de la libertad de expresión. Resulta que el Legislativo debió de expedir una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional -que regula el gasto público en propaganda oficial- el 30 de abril del 2014. Pero, como ocurre con mucha frecuencia, el Legislativo simplemente no acató el mandato de ley. Los legisladores violan la ley pública y notoriamente. Pésima pedagogía democrática. Ante el espinoso terreno, el legislador, rehuyó de su responsabilidad.
Sabemos que los recursos públicos canalizados a los medios inciden directamente en la libertad de expresión y, por ende, en la calidad de la democracia. Desde las arcas se puede inflar o estrangular a los medios. Si el ciudadano o los profesionales de la comunicación no tienen los medios para expresar sus ideas, indirectamente sus libertades están siendo coartadas. Reglamentar el uso de los recursos públicos es una garantía de libertad.
Pero este asunto de gran relevancia condujo a otro debate central para nuestro país. ¿Puede el amparo servir a los ciudadanos en contra del incumplimiento de una obligación constitucional a cargo de una autoridad? Los antecedentes son contrarios a los ciudadanos, pero el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, respaldado por la mayoría de la Primera Sala, cambió el curso de la discusión nacional: se dio entrada al amparo con el sólido argumento de que la ausencia de reglamentación permite la discrecionalidad en la asignación de los recursos y con ello se violentan "...las libertades de expresión, prensa e información".
Ese simple hecho, dar entrada al amparo ante la omisión legislativa, es histórico. Pero fueron más allá, al vincular la asignación de recursos públicos con la libertad de expresión, con los derechos individuales y, por tanto, con la vida democrática. Una visión integral. ¿Cómo es que los legisladores pueden incumplir sus deberes afectando los derechos fundamentales de los ciudadanos sin que exista una fórmula para llamarlos a cuentas? El hecho sulfura. Zaldívar se plantó: "la omisión de la autoridad responsable viola la libertad de expresión, de prensa e información". Y ahora, ¿qué hacer? En un hecho inédito, la resolución conmina al Legislativo a cumplir con su deber y le pone una fecha límite, 30 de abril del 2018. Un parteaguas en nuestra vida democrática.
¿Cómo se construye una democracia? Don Edmundo O'Gorman insistía: ya no hablemos de revoluciones, mejor hablemos de la evolución de México. Sin matracas, ni discursos grandilocuentes, la postura de la Primera Sala es una revolución doctrinal. Si de pesos y contrapesos se trata en una democracia, las omisiones de los legisladores se han convertido en una de las peores lacras de la vida institucional de México. Estamos a la espera de varias normas que afectan directamente la vida de decenas de millones de mexicanos, así de grave y sencillo. Sólo por nombrar, las de seguridad y mando policial. Con frecuencia los legisladores se burlan de la ciudadanía, lo pagan con su creciente desprestigio que también afecta a nuestra democracia. Los mexicanos tenemos ahora una nueva herramienta para la defensa de nuestros derechos, así de sencillo y trascendente.
Las evaluaciones de desempeño son parte de nueva democracia. Los legisladores destacan por obtener una de las peores calificaciones de los ciudadanos, en contraste el Poder Judicial Federal, desde la reforma de 1994, ha ido progresivamente ocupando su espacio y obteniendo cada día mayor reconocimiento. Pasó de ser un fantasma a intervenir en la vida cotidiana de los mexicanos. Se requiere integridad, congruencia y trabajo. ¿Es mucho pedir?
Bien por Zaldívar, bien por la Primera Sala, bien por la Suprema Corte. Otro México está en construcción, bien por los constructores.
PD. La normatividad electoral impide hoy a los ciudadanos contratar espacios en medios durante los periodos electorales para expresar sus opiniones. Una agrupación feminista no puede hoy pelear contra un misógino, por ejemplo. Los partidos gozan de ese perverso monopolio que socava los derechos de la gran mayoría los mexicanos que no pertenecemos a un partido político. No es acaso esta una discusión paralela de violación de derechos fundamentales inscritos en el ámbito electoral. ¿Vale el amparo?
