Revocan concesión de pozo a ejidatarios

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), por mandato de un juez, revocó la concesión de un pozo de agua a ejidatarios de San Ignacio, en San Pedro. La medida obedece a que se detectó irregularidades en el uso y aprovechamiento del pozo, pues hace unos 17 años se entregó en arrendamiento por la entonces mesa directiva ejidal, a una empresa lechera, localizada en ese municipio, pero aseguran que la negociación se hizo sin el consentimiento del resto de los ejidatarios.

Ahora buscan revertir la cancelación del pozo número 960 por parte de Conagua y recuperar el permiso de uso, aunque los ejidatarios reconocen que será muy difícil, pues para ello deberán iniciar un proceso legal, contra quien resulte responsable y demostrar que fueron engañados.

De acuerdo a la explicación que dieron Gerardo Díaz Pérez y Nemesio Rivas Muñoz, en aquel entonces presidente del comisariado ejidal, Osvaldo Espinoza junto con la mesa directiva, rentaron el pozo a la empresa sin el consentimiento de la mayoría de los ejidatarios y durante todo esos años la compañía explotó la noria, pero años después, Conagua les envió un documento en donde se les notificaba de una prórroga que les había otorgado para la utilización de la noria, y fue cuando se dieron cuenta que era del ejido y no de la empresa.

Fue entonces que, siendo la máxima autoridad ejidal Gerardo Pérez, en acuerdo y consentimiento de la asamblea, decidieron emprender la lucha legal para recuperar la noria y se interpuso una denuncia en la Procuraduría del Estado, y al paso de tres años fallaron a su favor y se les facultó para recuperar la noria, pero como también decidieron interponer una denuncia, en el orden federal, optaron por no tomar posesión del pozo en tanto se emitía una resolución, pues de hacerlo incurrían en un delito federal.

Los entrevistados agregaron que en el 2015 el juzgado sexto del Tribunal Unitario Agrario, les notificó sobre la revocación de los derechos del pozo por parte de Conagua y se les impuso además tres multas que en suma superaban 200 mil pesos, al detectar irregularidades en el uso de la concesión, puesto que se estaba dotando de agua a terceros.

Explicaron que luego de la notificación que se les entregó, les dieron un plazo de 15 días para aportar pruebas en su defensa, pero al no tener conocimiento de la negociación que se hizo, estaban en desventaja.

Los ejidatarios agregaron que la situación se agravó porque desde septiembre de este año 2017, se debió cumplir con la clausura del pozo, sin embargo, el actual presidente del comisariado ejidal Filiberto Carrillo Ochoa, ha incumplido el mandato, por lo que insistieron que podría haber alguna consecuencia, lo que resulta injusto, ya que la empresa lechera sigue utilizando el pozo, mientras la comunidad que en teoría tenía el permiso del uso de la noria, no tienen agua ni para tomar.