Policías, el riesgo de la simulación
El caso de los policías municipales que son presionados para que firmen su renuncia a cambio de no ser fichados en la plataforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), pone en evidencia, una vez más, los riesgos de simulación que existen en este delicado tema, por no sumar otros más como la tolerencia a la ilegalidad de placas Onappafa. De acuerdo con la norma, los agentes preventivos y de tránsito que han reprobado los exámenes de control y confianza deben ser registrados para evitar que corporaciones de otros municipios o entidades los contraten. Sin embargo, en Torreón esto no se está cumpliendo porque las autoridades prefieren ahorrarse el dinero de la indemnización que corresponde cuando se trata de un despido.
No es, con mucho, el único caso que exhibe cómo los esfuerzos institucionales que se han intentado para recuperar la tranquilidad en el país y la región son puestos en peligro al simular el cumplimiento de la ley. Asociaciones civiles de la Ciudad de México y La Laguna ya habían denunciado hace años el reporte engañoso en la cifras de delitos que deben notificar mes con mes las fiscalías y procuradurías al SNSP. Pero en vez de informar sobre casos en específico, las instituciones de Durango y Coahuila, entre otras, reportaban “carpetas de investigación”, que podían incluir varios hechos, aunque sólo se contaba uno.
Pero estos casos son apenas la parte más visible de un problema mucho más profundo. Desde el combate a la corrupción al interior de las policías hasta la aplicación del necesario servicio policial de carrera es posible encontrar actos de simulación por parte de las autoridades. Se han lanzado campañas para hacer conciencia entre los ciudadanos de la importancia de no sobornar a agentes y se ha llamado la atención a éstos, incluso con amenazas de despido, para que no pidan dinero, pero en la realidad ocurre que los mismos mandos medios o superiores son los que exigen a sus subordinados el cumplimiento de cuotas por las llamadas “mordidas”.
En cuanto al servicio policial de carrera, pese a los anuncios e informes, no se ha logrado ni siquiera establecer una homologación del rango de salarios a pagar a los agentes. Esto redunda en que todavía haya municipios en los que las percepciones de los policías son indignas, sin mencionar que el equipo y la formación es deficiente. El objetivo del servicio policial es brindar a los elementos de las corporaciones un proyecto basado en el mérito profesional que incluya condiciones de vida dignas para ellos y sus familias, seguridad social y jurídica, además de la oportunidad de ascender por buen desempeño. Pero esto en la práctica simplemente no ocurre.
Y si en lo anterior no se ha cumplido, mucho menos en el objetivo de fijar un piso mínimo para el desempeño de las policías. A pesar del discurso oficial, no existen en la realidad protocolos claros y homologados de actuación y procedimiento bajo las exigencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. El resultado es que por errores procesales que van desde la detención de presuntos delincuentes, éstos terminan siendo liberados por jueces que observan que no se respetó el debido proceso ni los derechos que por ley tiene todo mexicano, incluso aquellos señalados de cometer ilícitos.
Todo este catálogo de simulaciones es grave, puesto que impide cumplir con las metas de reducción de la delincuencia y la violencia a partir del mejoramiento del desempeño de las policías. Más grave aún es cuando se está tratando de aplicar la estrategia del mando único estatal y se discute la polémica iniciativa de ley de seguridad interior, que algunos ven necesaria para regular la participación del Ejército en labores de seguridad pública ante el pobre avance de las instituciones civiles en la materia. Si quiere caminarse más aprisa, es menester dejar la simulación a un lado.
